El Ministerio de la Producción (PRODUCE) difundió oficialmente su posición sobre el polémico Proyecto de Ley N° 12373/2025-CR, encabezado por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, que busca reabrir el proceso de formalización pesquera bajo el esquema conocido como REINFO pesquero y dar acceso a permisos a más de 2.000 embarcaciones construidas fuera del marco legal.
En un escenario donde los recursos hidrobiológicos clave se encuentran plenamente explotados, la respuesta del Ejecutivo es contundente: el proyecto es técnica y legalmente inviable y amenaza la sostenibilidad del sector pesquero nacional, de acuerdo con la documentación a la que accedió Infobae Perú y especialistas del sector.
¿REINFO pesquero? Produce rechaza reapertura de formalización en Perú: los criterios
A través del Oficio N.º 00001255-2025-PRODUCE/SG, enviado al Congreso y difundido en la plataforma legislativa, PRODUCE advierte una serie de riesgos críticos si este proyecto prospera. Entre los principales argumentos destaca el peligro de sobrepesca y la inminente afectación a la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos más importantes para la pesca artesanal.
Estamos hablando de especies imprescindibles para la pesca nacional como el calamar gigante (pota) y el perico, ambos ya declarados plenamente explotados por normas nacionales recientes (D.S. N° 017-2021-PRODUCE, R.M. N° 454-2024-PRODUCE, D.S. N° 003-2025-PRODUCE).
Según refiere el despacho del viceministro Jesús Barrientos, la habilitación de una nueva ventana de formalización abonaría el terreno a la pesca ilegal y estimularía la construcción clandestina de embarcaciones, promoviendo el incumplimiento y la impunidad para quienes no acataron las reglas anteriores.
Ejecutivo califica de inviable proyecto para formalizar pesca artesanal
El planteamiento congresal busca reabrir un proceso administrativo ya concluido y, según la opinión técnica y jurídica de PRODUCE, ello vulnera principios básicos del Estado de derecho como la seguridad jurídica y la legalidad. Así, los órganos legales del ministerio recalcan que el Decreto Legislativo N° 1392 (SIFORPA II), antiguo marco de la formalización pesquera, caducó formalmente el 31 de julio de 2023 tras diversas prórrogas y procesos previos.
“Dar nueva vida a ese régimen equivaldría a desarmar la institucionalidad de la política sectorial y enviar el mensaje de que los procesos no tienen término ni consecuencias para los rezagados”, sostiene Piero Rojas, Asesor legal de I4OA, para Infobae Perú.
El dictamen del Congreso a través de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas también reconoce que el proyecto no presenta análisis de impacto económico, ambiental ni de costo-beneficio, ni justifica la necesidad de reabrir el proceso.
Diversos gremios pesqueros, como la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (SONAPESCAL), cooperativas y ONGs ambientales manifestaron su rechazo rotundo, advirtiendo sobre el riesgo de colapso de las pesquerías más relevantes y la distorsión del mercado, además del robo de legitimidad a quienes sí cumplieron la ley.
Especialistas advierten que nueva formalización premiaría la ilegalidad
Según remarca el ministerio, la determinación de cuotas, permisos y políticas de ordenamiento son atribución exclusiva del Ejecutivo, conforme a diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (Exp. N° 0005-2006-PI/TC). La injerencia del Legislativo a favor de intereses muy puntuales desarma el principio de separación de poderes y mina la capacidad técnica de gestión en un sector tan estratégico como lo es la pesca.
El proyecto, presentado en más de una ocasión por Pazo Nunura, es una réplica casi exacta de iniciativas archivadas en legislaturas previas por razones de inconstitucionalidad, duplicidad normativa y rechazo unánime del sector. Estos intentos de formalización extemporánea se centran en embarcaciones que no pudieron acreditar su existencia ni legalidad en los momentos previstos.
“Más de 2.000 solicitantes no se apersonaron porque no poseían barcos o estos se construyeron sin autorizaciones legales”, continúa Rojas. Para el experto, el mensaje que se envía es el de premiar el incumplimiento y castigar al que cumplió, alentando que, ante cualquier falta, el Congreso pueda aprobar un “salvavidas” para regularizar ilegalidades.
“Ya han pasado casi 7 años desde que se abrió la ventana de formalización. Hoy, los rezagados vuelven a demandar un trato preferente, en desmedro de quienes sí cumplieron los requisitos en 2018. El congresista tiene vínculos directos con el sector de astilleros, lo que plantea un claro conflicto de interés”, agrega.
Proyecto de Pazo Nunura también omite compromisos internacionales
Pero eso no es todo. La propuesta de Pazo Nunura tampoco considera los compromisos internacionales que ha asumido el Perú en materia de manejo sostenible de recursos y control de la pesca ilegal. La Política Nacional de Pesca al 2040 prohíbe expresamente la apertura de nuevas ventanas de formalización (D.S. N° 012-2025-PRODUCE), estrategia necesaria para salvaguardar la viabilidad de la actividad y proteger las pesquerías a largo plazo.
En el fondo, la insistencia en proyectos como el impulsado por Pazo Nunura pone en duda la autonomía y el rigor técnico del Congreso para regular un sector marcado por una fuerte presión corporativa y local, explica Piero Rojas. “No es casualidad que quienes presentan estos proyectos tengan intereses económicos en el mantenimiento y construcción de embarcaciones, lo cual pone en entredicho la transparencia de la propuesta”, asevera el portavoz de I4OA.
Además, el experto resalta el carácter populista y la falta de rigor técnico de la medida, buscada como capital político de salida antes del recambio gubernamental. De esta manera, la posición del Poder Ejecutivo, los gremios y la sociedad civil es clara: reabrir el proceso de formalización comprometería los recursos del país y fomenta la ilegalidad, por lo que recomiendan el archivo inmediato de esta iniciativa.
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