El juez Richard Concepción Carhuancho definió para el martes 2 de diciembre, a las 9:00 a. m., una audiencia virtual en la que se debatirá el pedido de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para incorporarse como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación al hermano de la expresidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y otros presuntos involucrados en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.
La Procuraduría argumenta que esta calidad le permitiría representar formalmente al Estado peruano para solicitar y acceder a reparaciones civiles en caso de que los investigados sean hallados responsables. En su escrito, la defensa legal del Estado detalla la dimensión de su pretensión patrimonial y explica el presunto perjuicio ocasionado al erario, así como los fundamentos de legitimidad procesal que justifican su requerimiento.
Al respecto, Jorge Ortiz, exdirector general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, presentó un escrito de oposición al pedido. Sus alegatos serán expuestos en la audiencia. Si el juez Concepción Carhuancho acoge el pedido de la Procuraduría, esta institución podrá perseguir judicialmente el pago de eventuales reparaciones civiles a favor del Estado peruano en caso de condena.
‘Los Waykis en la Sombra’: origen, estructura y fundamentos de la investigación fiscal
El caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’ comenzó a investigarse en mayo de 2024, cuando el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) ordenó la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, junto a otros miembros clave de la presunta organización criminal. Según la Fiscalía, la red habría buscado consolidar poder político mediante el control de designaciones estratégicas en prefecturas y subprefecturas, posiciones utilizadas para expandir la influencia del partido político Ciudadanos por el Perú.
La investigación fiscal atribuye a la organización la exigencia de pagos ilícitos a cambio de nombramientos, afectando principalmente a regiones como Cajamarca. Entre los principales implicados figuran Nicanor Boluarte, señalado como cabecilla; Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte y considerado el “brazo legal” de la red; y Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de Gobierno Interior, presuntamente responsable de aprobar los nombramientos de la red. Otros integrantes con prisión preventiva incluyen a Zenovia Griselda Herrera Vásquez, encargada de proponer candidatos; así como Jorge y Noriel Chingay Salazar, acusados de coordinar actividades ilícitas y solicitar pagos para asignaciones en Cajamarca.
La Fiscalía ha imputado delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico, señalando que Boluarte dirigía directamente las operaciones para garantizar nombramientos clave mediante favores o pagos que, según la investigación, oscilaban entre 10.000 y 50.000 soles por plaza. Entre los elementos probatorios se destacan testimonios como el del exprefecto Armando Villalobos, quien refirió que en la red se conocía a Dina Boluarte como “La número 1” y a su hermano como “El número 2”, así como mensajes y documentos que registran instrucciones y el mecanismo de entrega de fondos presuntamente irregulares.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que los recursos recaudados de manera ilegal sirvieron para financiar actividades políticas y robustecer la estructura partidaria, extendiendo la influencia de la red en diversas regiones del país.
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