
El futuro judicial y político de Martín Vizcarra se define hoy, miércoles 26 de noviembre. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial dictará la sentencia final contra el expresidente por los presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador Regional de Moquegua.
La Fiscalía del Equipo Especial Lava Jato, liderada por el fiscal Germán Juárez Atoche, solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva y una reparación civil ascendente a más de 4.6 millones de soles, acusando al exmandatario de recibir S/ 2.3 millones en coimas de las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de favorecerlas en las licitaciones de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
Vizcarra, quien ya estuvo brevemente en prisión preventiva y ha sido inhabilitado políticamente por el Congreso, ha negado categóricamente los cargos, asegurando que acudirá a la audiencia “con la frente en alto” y sin buscar asilo o fuga. La defensa, por su parte, confía en la absolución, argumentando que la prueba fiscal carece de sustento y que ha existido un trato desigual en la imputación penal.
La audiencia se convierte en un punto de inflexión para el expresidente, ya que el fallo no solo determinará si procede la pena privativa de la libertad, sino si se ordena una eventual ejecución inmediata, un escenario que la defensa técnica rechaza.

El Poder Judicial inició con la lectura de sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, quien podría ser condenado a 15 años de prisión.
La fiscalía, a través del fiscal Germán Juárez y el Equipo Especial Lava Jato, sostiene que Vizcarra habría recibido S/ 2.3 millones de parte de consorcios encabezados por Obrainsa e ICCGSA durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Según el expediente, estos pagos, que supuestamente se acuerdan desde noviembre de 2013, tendrían como fin asegurar la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
El caso tomó relevancia nacional en octubre de 2020 cuando exdirectivos de las empresas implicadas se acogieran a la colaboración eficaz. Ellos detallaron bajo juramento que Vizcarra exigió un millón de soles para garantizar que el consorcio de Obrainsa obtuviera la obra en Ilo. Relataron cómo los montos se le entregaron en efectivo, en partes, dentro de sobres, y precisaron fechas y lugares: “El cheque es cobrado el 27 de enero y ese mismo día, o al día siguiente, se hace la entrega de ese dinero a Martín Vizcarra”, confesó Elard Paul Tejeda.
A estos señalamientos se sumaron los testimonios de directivos de ICCGSA, quienes admitieron pagos por S/ 1.3 millón con la intermediación de José Manuel Hernández, amigo y posterior funcionario del Ejecutivo. Hernández explicó que entre 2014 y 2016 entregó personalmente los fondos en oficinas y domicilios, en pagos fraccionados y transportados incluso en maletines. El gerente de ICCGSA ratificó: “El pago se materializó. Fueron pagos hechos en efectivo. Hubo seis entregas a través del señor José Hernández, quien después se las hacía llegar a Martín Vizcarra. Estas fueron con cantidades de entre 100 y 200 mil soles”.
El expediente incluye pericias financieras, chats, correos, registros de llamadas y análisis contables, además de declaraciones de testigos que sitúan a Vizcarra en encuentros clave.
Malas noticias para el expresidente Martín Vizcarra. El Poder Judicial dispuso que vaya oficialmente a un segundo juicio oral por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Este juzgamiento será por presunta colusión simple, delito por el que el fiscal provincial Germán Juárez solicita una pena de 10 años de prisión contra el inhabilitado exmandatario.

El caso contra el expresidente Martín Vizcarra entró en su etapa más crítica. A pocos días de la lectura de sentencia por los presuntos sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, la defensa técnica del exmandatario ha radicalizado su posición, deslegitimando la totalidad del proceso fiscal y judicial.
Martín Vizcarra enfrentó su última aparición ante el tribunal antes de conocer el veredicto del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, un proceso que podría significar una condena de quince años de prisión. A puertas del fallo judicial, el cual se conocerá el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 horas, el exmandatario defendió su inocencia y denunció, nuevamente, supuestas irregularidades cometidas por la Fiscalía de la Nación (Ministerio Público).




