¿Dictadura parlamentaria? La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Además, autorizó que la Fiscalía inicie una investigación en su contra por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.
La magistrada fue acusada de firmar un documento que establecía lineamientos para los fiscales y la Policía Nacional del Perú (PNP) en materia de investigación, hecho que, según los parlamentarios que presentaron la denuncia, significaba negarse a acatar la ley que devuelve la conducción de la investigación preliminar a la PNP.
Tras conocer la decisión de la Comisión Permanente, Espinoza denunció una serie de arbitrariedades cometidas en su contra y advirtió que, según dijo, esta medida podría traer consecuencias para los congresistas que la respaldaron.
“Y si ellos quieren seguir vulnerando el Estado de derecho, desde ahorita ya estamos en dictadura parlamentaria”, denunció.
Pero, ¿cuáles son los vicios, que, según Delia Espinoza, cometió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente en su contra?
La denuncia era contra los cuatro fiscales supremos
La primera observación que plantea Espinoza contra los parlamentarios es que la denuncia constitucional contemplaba una sanción para toda la Junta de Fiscales Supremos, integrada por los cuatro magistrados: Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Delia Espinoza.
Sin embargo, cuando se votaron las denuncias contra Ávalos, Villena y Sánchez, las abstenciones fueron mayores, lo que implica que la definición del caso se dará en otro momento. En esas votaciones, la bancada de Fuerza Popular no participó; mientras que en Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Acción Popular, la mayoría optó por abstenerse.
Pero cuando llegó el turno de votar sobre Delia Espinoza, el escenario cambió. La mayoría de grupos parlamentarios se inclinó a favor de la sanción.
“Están corriendo contra mí. A los demás colegas los han salvado. Pero contra mí, sí. ¿Por qué? Porque es venganza. Es venganza política”, advirtió Espinoza.
La Junta de Fiscales Supremos no decide
Otra de las observaciones que planteó Espinoza —coincidiendo con la defensa de los otros tres fiscales supremos— es que la Junta de Fiscales Supremos no es la encargada de aprobar las directivas institucionales.
Es decir, los lineamientos sobre la conducción de la investigación preliminar —motivo central de la denuncia— no fueron elaborados por la Junta. Según indicó Espinoza, la Subcomisión tenía conocimiento de ello.
“Miren la manera como han votado en un caso en el que yo no he tenido ninguna participación. Todo está en los documentos que se han hecho entrega a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es un reglamento que no ha sido elaborado en junta de fiscales supremos”, advirtió.
La SAC no se transmitió en vivo
Delia Espinoza también cuestionó que la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que se debatió el informe final que recomienda su sanción, no fuera transmitida en vivo. Afirmó que ello vulnera el debido proceso y podría anular la decisión.
“Ya han atropellado bastante mis derechos fundamentales, porque desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no se nos ha permitido actuar como debe ser, con un debido proceso congresal. Incluso, recordarán muchos que se interrumpió. No quisieron que se transmita en vivo. (...) Y todo eso ha generado nulidades y no han querido declarar nulidad”, advirtió.
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