La controversia en torno a la posible clausura temporal de Machu Picchu ingresó en un terreno de tensión pública desde que el alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, planteó esa alternativa frente a la ausencia de avances en la licitación de la ruta Hiram Bingham. El anuncio provocó una rápida ola de críticas desde distintos sectores, en especial dentro del propio distrito de Machupicchu, donde la actividad turística marca el ritmo de la vida cotidiana.
La información difundida por el Diario del Cusco generó un clima de alerta. En esa publicación, el alcalde explicó que la falta de un nuevo operador para el transporte hacia la ciudad inca persistía incluso luego de tres meses de iniciado el plan de contingencia, diseñado originalmente para cuatro. Ese retraso abrió la puerta para que el burgomaestre insistiera en la opción de cerrar el acceso, lo que provocó reacciones inmediatas.
Vecinos del distrito cuestionaron con firmeza tal posibilidad. A través de comunicaciones dirigidas al medio que difundió la entrevista, expresaron molestia por lo que consideran una amenaza directa a su estabilidad. Según relataron, “parece un alcalde COVID, pues como esa pandemia quiere cerrar Machu Picchu generando pobreza, desempleo y desesperanza”. También señalaron que “no tiene conciencia de su amenaza si se cierra la Ciudad Inca, todo se paraliza, se cierran hoteles, restaurantes, diversos comercios”. Para ellos, el impacto sería total y por ello pidieron que el alcalde “mida sus palabras pues sus amenazas tienen repercusión mundial”.
Cuestionamientos desde la Cámara de Comercio del Cusco
El presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, Fernando Santoyo, intervino para señalar que la propuesta del alcalde carece de sustento en el marco legal. Indicó que una autoridad municipal no cuenta con competencia para cerrar Machu Picchu y que la discusión actual expone deficiencias en la gestión del proceso de licitación. Según afirmó, “la falta de capacidad de gestión” marcó cada etapa relacionada con la carretera Hiram Bingham.
La autoridad recordó que el plan de contingencia contemplaba cuatro meses para que la municipalidad completara la licitación. No obstante, comentó que, luego de casi noventa días, no existe un avance consistente. Desde su perspectiva, la comuna provincial debió iniciar este proceso desde 2023. En cambio, optó por un camino sin planificación suficiente y sin vinculación directa con el sector privado, que conoce con detalle el funcionamiento del circuito turístico hacia Machu Picchu.
El dirigente empresarial también respondió a declaraciones del alcalde sobre la supuesta inminente entrega de compatibilidad por parte del SERNANP. Explicó que el oficio 00300-2025 del organismo contradice esa afirmación, pues solicita precisiones debido a que el requerimiento presentado por la municipalidad figura incompleto. El documento indica que solo incluye una descripción de la vía y no contempla la infraestructura necesaria para un servicio de diez años, lo cual impide una opinión técnica favorable.
Para Santoyo, estos puntos demuestran que el expediente municipal no cumple los requisitos normativos de áreas naturales protegidas. El SERNANP exige ajustes sobre el ámbito solicitado, inclusión de infraestructura complementaria y aclaraciones técnicas antes de avanzar. A su juicio, esta situación profundiza la incertidumbre, ya que revela un manejo improvisado del proceso.
En relación con cuestionamientos del alcalde hacia la Presidencia del Consejo de Ministros, Santoyo precisó que la PCM únicamente intervino como mediadora en un conflicto social y no posee responsabilidad en la licitación. Indicó que la competencia recae en la Municipalidad Provincial de Urubamba y que atribuir responsabilidades externas no contribuye a corregir el problema de fondo.
Posición de la Municipalidad Distrital de Machupicchu
La Municipalidad Distrital de Machupicchu difundió un pronunciamiento público frente a las declaraciones del alcalde provincial. El documento expresa preocupación y rechazo ante la posibilidad de un cierre de uno o dos meses. En esa línea, recuerda que “Machu Picchu es considerada una de las siete maravillas del mundo, la misma que atrae a miles de turistas nacionales e internacionales a diario”.
El texto advierte que una medida de esa naturaleza pondría en riesgo la estabilidad económica del distrito, de la región y del país. También destacó efectos directos sobre hoteles, restaurantes, transportistas, guías, comerciantes, artesanos y trabajadores vinculados a la dinámica turística.
El comunicado añade que resulta “insostenible que el alcalde Ronald Vera Gallegos, en el marco de su desconocimiento, desesperación y búsqueda de protagonismo político, siga adoptando decisiones irresponsables, carentes de legalidad y ausencia de tino en su actuar político”. Asimismo, señala que esta actitud genera incertidumbre entre visitantes nacionales y extranjeros.
Finalmente, la comuna distrital convoca a la sociedad civil, actores públicos y privados a mantenerse vigilantes ante decisiones que provengan de Urubamba. También solicita que el alcalde retire sus declaraciones en un plazo máximo de 48 horas y anuncia que, de no ocurrir, iniciará acciones legales contra quienes resulten responsables.
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