Rutas de Lima (RDL) respondió este lunes 24 de noviembre al comunicado difundido por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el viernes pasado por la concesión de vías en la capital peruana. La empresa negó las afirmaciones de la autoridad metropolitana y reiteró su intención de realizar una “entrega ordenada” de la concesión luego de agotar sus recursos funcionales.
La concesionaria precisó: “Es falso que RDL haya tenido ganancias por más de USD 1.000 millones”, al tiempo que expuso que sus estados financieros auditados reflejan pérdidas acumuladas que han llevado a la compañía a iniciar un proceso de disolución y liquidación. “RDL nunca ha repartido utilidades, ni dividendos, ni ha realizado ningún otro tipo de distribución a sus accionistas”, agregó la empresa en su comunicación ante la versión de presuntos retiros irregulares de fondos por parte de sus propietarios.
La compañía responsabilizó de su crisis financiera a la imposibilidad de cobrar peajes en las vías concesionadas y a la negativa de la MML de acatar laudos arbitrales a su favor, los cuales, de acuerdo con Rutas de Lima, han sido ratificados por diferentes cortes en Estados Unidos. Según el pronunciamiento, se han invertido más de S/3.300 millones en obras y mantenimiento vial, y se pagaron S/1.200 millones en intereses derivados de la deuda contraída para el proyecto. Entre las obras sobresalen el Túnel Benavides, el Intercambio Vial 25 de Enero y el Intercambio Vial Los Alisos, intervenciones orientadas a mejorar el tránsito en sectores neurálgicos de la ciudad.
La empresa detalló que su sostenibilidad depende únicamente de los ingresos por peajes. “RDL es una concesión autosostenible que se mantiene con los ingresos que percibe de los peajes”, expresó la compañía, al explicar que las restricciones al cobro han agudizado su delicado panorama financiero. Hace dos semanas, Rutas de Lima advirtió que sus reservas únicamente permitirían operar durante cerca de tres semanas si no se autorizaba nuevamente el cobro en las unidades de Villa y Punta Negra.
Intervención estatal y tensión legal
Frente a este escenario, Rutas de Lima llamó a la MML a entablar reuniones para asegurar una transferencia ordenada de la concesión ante la inminencia del cierre operativo. La empresa aseguró: “RDL ha convocado a la MML a sostener reuniones de coordinación con miras a implementar una transferencia ordenada y pacífica... reuniones que no han podido concretarse ante la falta de respuesta de la MML”.
Por su parte, la respuesta oficial de la Municipalidad Metropolitana de Lima rechazó la propuesta e indicó que el contrato de concesión sigue vigente por una medida cautelar tramitada por la propia empresa en el marco de un arbitraje internacional. La entidad municipal afirmó: “No hay marco legal que ampare dicha entrega pacífica y menos acordada de las vías”, y remarcó que la responsabilidad financiera y operativa será asumida por la concesionaria y sus accionistas.
El municipio advirtió que, en caso de abandono, procederá a administrar de forma directa las vías concesionadas “de manera inmediata para administrar las vías y prestar el servicio público en aras del interés público de sus vecinos”. Además, solicitó la intervención de la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial para salvaguardar los derechos ciudadanos y preservar el estado de derecho.
Seguridad jurídica y futuro de las concesiones
En este contexto, Rutas de Lima advirtió que el hostigamiento recibido debilita la seguridad jurídica que caracteriza al país ante la inversión extranjera. La firma alertó sobre el riesgo de que la situación tenga repercusiones negativas sobre otras concesiones vigentes y exhortó a las autoridades a intervenir y proteger a los usuarios de las vías.
Asimismo, la empresa sostuvo que la MML busca privarla de sus fuentes de ingreso al solicitar la administración anticipada de la concesión, mientras que la autoridad limeña reiteró que “es responsabilidad exclusiva de Rutas de Lima y de sus accionistas inyectar el capital que resulte necesario para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones”. Según la comuna, abandonar el contrato representaría un incumplimiento grave que pondría en riesgo la seguridad de los usuarios, razón por la cual manifestó su disposición para gestionar y asegurar la continuidad del servicio.
Hasta ahora, la autoridad municipal no ha emitido respuesta a los sucesivos llamados de la empresa para planificar una transición coordinada.
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