La tensión crece en el Cusco mientras se aproxima el fin del plan de contingencia aplicado por la Municipalidad Provincial de Urubamba. Tres meses después de su puesta en marcha, el proceso para definir el futuro de la ruta Hiram Bingham continúa sin resultados concretos. Entre declaraciones cruzadas, advertencias y documentos oficiales, el panorama se complica y el turismo regional observa expectante.
En este escenario, el anuncio del alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, generó un impacto inmediato. El burgomaestre afirmó en una entrevista que existía la posibilidad de cerrar Machu Picchu por uno o dos meses desde enero del 2026. El mensaje se difundió en plena incertidumbre sobre la continuidad del acceso ordenado al santuario y despertó preocupación directa en la actividad que sostiene a la región.
El plan de contingencia —impulsado por la Municipalidad de Urubamba— establecía la concesión temporal de la ruta Hiram Bingham por un periodo de cuatro meses. Ese tiempo debía permitir el desarrollo del proceso de licitación formal, interrumpido desde el 2023 por la actual gestión municipal. Sin embargo, a casi noventa días de su puesta en práctica, el avance es mínimo y la presión sobre el municipio aumenta.
Vera aseguró que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) entregaría la compatibilidad técnica necesaria, algo que —según dijo— permitiría integrar las bases del proceso. “Con esto estaremos integrando las bases para la publicación y haremos lo más rápido posible el proceso”, declaró. No obstante, el documento oficial remitido por el Sernanp señala lo contrario y cuestiona directamente la calidad del expediente municipal.
Sernanp exige información completa y clara
El oficio N.° 674-3035, citado por El Diario del Cusco, se titula “Solicita precisión a la solicitud de compatibilidad para el proceso de licitación pública de la ruta de acceso a la Llaqta de Machupicchu y/o Hiram Bingham”. Este texto indica que la municipalidad envió un expediente incompleto, sin detalles técnicos indispensables.
El documento precisa que el pedido solo considera la carretera como componente del proyecto, algo que no resulta suficiente. El Sernanp advierte que “se requiere de mayores precisiones”, en especial sobre infraestructura complementaria como maestranza, surtidor de combustible, energía eléctrica y estacionamientos. Además, recuerda que la concesión planteada tendría una duración de diez años, motivo por el cual se deben definir todos los elementos necesarios para la operación del servicio.
La entidad añade que “resulta necesario ajustar o corregir el ámbito de compatibilidad y clarificar los aspectos técnicos señalados” para emitir una opinión sustentada. Con ello, queda en evidencia un manejo irregular del expediente presentado por la Municipalidad de Urubamba.
Acusaciones contra la PCM
Durante la misma entrevista, Ronald Vera responsabilizó a la Presidencia del Consejo de Ministros por la falta de avances. El alcalde afirmó: “Lamento decirle que la presidencia del consejo de ministros haya tenido una intromisión. En vez de apoyarnos Estado al Estado, ha sido un obstáculo”. Según su versión, la PCM no brindó respaldo cuando reunió a las empresas involucradas y ello afectó la credibilidad del municipio.
Mientras tanto, el plan de contingencia se acerca a su vencimiento y la gestión provincial mantiene un proceso sin progreso. En vez de encaminar la licitación para contar con un nuevo concesionario, la administración centra su discurso en denuncias y reclamos, lo que incrementa la preocupación del sector turístico.
Respuesta firme desde Machupicchu
El impacto de las declaraciones del alcalde de Urubamba generó una reacción inmediata en la Municipalidad Distrital de Machupicchu. A través de un pronunciamiento oficial, la autoridad distrital expresó su “profunda preocupación y rechazo” ante la posibilidad de cerrar la Llaqta por uno o dos meses.
El comunicado recuerda que Machu Picchu recibe miles de visitantes cada día y que un cierre temporal afectaría toda la estructura económica local y regional. Señala que la decisión implicaría daños directos en hoteles, restaurantes, guías, agencias, comerciantes, artesanos y trabajadores que dependen del turismo.
La autoridad distrital calificó la postura de Vera como carente de sustento. Indicó que refleja una actuación que genera “riesgo de la estabilidad económica” y convoca a la sociedad civil y a actores públicos y privados a proteger el turismo. El pronunciamiento exige que el alcalde provincial retire sus declaraciones en un plazo de 48 horas, de lo contrario iniciará acciones legales.
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