Pollada extorsiva: así operaba red de “El Monstruo” para camuflar cobro de cupos de S/20 a transportistas

Una supuesta campaña solidaria se transformó en la fachada perfecta para uno de los engranajes de extorsión más activos del norte de Lima. Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, y su entorno tejieron una red criminal que camuflaba el cobro de cuotas bajo la venta compulsiva de tarjetas de pollada, según revelaron las investigaciones lideradas por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (DIVIAC). Cada detalle de la operación deja ver una estructura sofisticada, en la que la violencia, la amenaza y el miedo sirvieron para mantener bajo control a decenas de empresas de transporte urbano y mototaxistas.

El encargo era claro y la amenaza inminente. Empresarios y conductores de diversas rutas recibían llamadas anónimas y mensajes con exigencias estrictas: debían comprar paquetes de veinte, treinta, cuarenta o cincuenta tickets de pollada a S/ 20 soles la unidad. Las reglas de este juego macabro no admitían evasiones.

Algunos años atrás, vender pollada significaba recolectar fondos para alguna enfermedad o emergencia familiar. En la nueva lógica, la tarjeta de pollada se volvió el salvoconducto para evitar represalias o ataques directos, describió Punto Final. En la práctica, el conductor solo recibía cinco o diez polladas físicas, pero debía transferir a cuentas designadas el valor de todo el paquete exigido.

El trabajo de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió conectar los movimientos bancarios con un engranaje mayor: la organización seguía las huellas de los depósitos y amenazaba a quien se negara. El modus operandi incluía el uso de cuentas bancarias de terceros, algunos voluntariamente y otros bajo presión, para que el rastro del dinero se perdiera en múltiples transferencias.

Las cámaras de seguimiento y los reportes confidenciales de la DIVIAC documentaron la división geográfica de la organización. Cada ejecutor asignado tenía un territorio: Lima Norte, Comas, Independencia. Las cuotas formaban parte de una recaudación coordinada que, ante cualquier caída de uno de los brazos de la red, permitía que la maquinaria extorsiva siguiera activa.

Mientras tanto, “El Monstruo” dirigía desde la prisión de máxima seguridad en Paraguay, a donde fue trasladado tras su captura internacional. La extradición aún pendiente no frenó el flujo de órdenes. De acuerdo con la investigación policial, las amenazas hacia los transportistas y comerciantes no se detuvieron; las extorsiones continuaron recibiendo pagos a través de cuentas ligadas a familiares, allegados y testaferros.

El relevo operativo lo asumió Jeff Jarol Hidalgo Infante, alias “Cachete”, catalogado como la mano derecha de Moreno Hernández. El coronel Eric Ángeles, jefe de la DIVIAC, expuso que “Cachete es quien actualmente estaría buscando recomponer y tomar el manejo de las actividades delictivas de esta organización criminal”. Según cifras de la UIF, la red habría movilizado más de seis millones de soles desde 2023, eludiendo la detección a través de múltiples cuentas receptoras.

En la pista financiera apareció un nexo familiar decisivo: Luciana Cruz Ruiz, cuñada de Moreno, señalada por la fiscalía como pieza estratégica en la recaudación y distribución del dinero extorsionado. Un operativo policial permitió identificar que, además de gestionar parte de los fondos, su vivienda en Comas fue utilizada para grabar videos intimidantes enviados a las víctimas. Los informes oficiales calculan que en sus cuentas ingresaron más de dos millones ciento noventa y cinco mil soles provenientes de estas extorsiones.

La mecánica de la intimidación era meticulosa. Un testimonio protegido relató que los transportistas debían pagar un monto inicial de setenta mil soles para evitar represalias. Después, cada mototaxi debía entregar un pago diario de hasta dos soles con cincuenta céntimos, aunque las negociaciones llevaron la cuota a un sol diario por unidad, sumando hasta doscientos soles cada jornada. Los vouchers de depósito se remitían a “Cachete”, quien permanece prófugo en Bolivia.

Otra línea de investigación identificó la canalización de fondos a nombre de Noely Mejías Moncayo, ciudadana venezolana, para cubrir gastos de night clubs y otros locales nocturnos en Loreto. El coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, precisó que “le hemos seguido el rastro y estaba regentando un night club en Iquitos”, mostrando cómo parte del dinero se invertía en negocios para lavar las ganancias ilícitas.

El golpe policial de junio implicó la captura de catorce personas, muchas de ellas titulares de las cuentas utilizadas para recibir el dinero. El dominical ccedió a imágenes que muestran cómo la estructura utilizaba el alquiler voluntario de cuentas para desviar el dinero de la extorsión.

Las indagaciones también expusieron la capacidad de la organización para transmitir temor dentro y fuera de las cárceles. El propio fiscal César Changa admitió haber recibido mensajes amenazantes sobre su domicilio y entorno familiar. La intimidación estaba siempre en el centro de la metodología, pensando en acallar a los operadores de justicia y preservar la red.

La operación coordinada entre la División Antisecuestros, la DIVIAC, la DIRINCRI y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada sigue activa. La extradición de “El Monstruo” aún está pendiente y sus principales colaboradores permanecen en calidad de prófugos. En tanto, miles de conductores y empresarios mantienen la esperanza de que cada cuenta congelada y cada arresto limiten el alcance de una maquinaria de extorsión que disfrazó la amenaza con la apariencia de un evento solidario.