
Desde el 22 de octubre, cuando el Gobierno dispuso el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, las cifras oficiales muestran un incremento sostenido de hechos violentos. De acuerdo con la base actualizada del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), durante los primeros 31 días de la medida se contabilizaron 61 homicidios en ambas jurisdicciones. El registro revela que la violencia letal continúa extendiéndose pese a la intervención de las fuerzas del orden y que el arma de fuego sigue siendo el medio predominante en la mayoría de casos.
A través de la red social X, el analista de datos Juan Carbajal, quien revisó la información oficial, advirtió que el SINADEF mantiene dentro de la categoría de “ignoradas” trece muertes ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Estos casos provienen de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro y el Callao. Aunque figuran como fallecimientos violentos, no fueron clasificados aún como homicidios, lo que podría elevar la cifra total una vez que se actualicen las causas en la base estatal.
¿Dónde se concentraron los homicidios?
La información del SINADEF revela una distribución desigual entre las zonas de Lima. Lima Norte lidera la estadística con 24 asesinatos durante el periodo analizado. Le sigue Lima Sur con 17 casos, mientras Lima Este registró diez. En el Callao se reportaron ocho homicidios y en Lima Centro dos. Estas cifras muestran que las áreas con mayor densidad poblacional y presencia de organizaciones criminales mantienen los niveles más altos de letalidad.

Dentro de estos territorios se identificaron distritos con una incidencia recurrente, como San Martín de Porres, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Comas. Estos lugares ya acumulaban episodios de violencia antes del estado de emergencia y continúan siendo los que más reportes generan. El patrón confirma que la medida no ha logrado modificar el comportamiento delictivo en las zonas críticas.
¿Qué métodos se usaron en los ataques?
El registro muestra que la mayoría de los homicidios estuvo relacionada con el uso de armas de fuego. De los 61 casos, 53 fueron cometidos con este tipo de armamento. Tres muertes se atribuyeron a agresiones físicas, tres a arma blanca, una a asfixia y una fue catalogada dentro de “otros”.
La predominancia del proyectil de arma de fuego coincide con patrones vinculados al sicariato, disputas entre bandas y conflictos derivados de economías ilegales. Según el análisis de Carbajal, esta proporción refleja un riesgo persistente para la población porque el arma de fuego se mantiene como herramienta principal de los grupos delictivos que operan en barrios y zonas comerciales.

¿Qué revelan los casos aún mal clasificados?
Dentro del periodo, el SINADEF mantuvo 13 muertes causadas por arma de fuego dentro de la categoría de “causa ignorada”. Esta situación afecta la precisión del conteo oficial, ya que los casos no figuran como homicidios a pesar de haber sido ocasionados por proyectil. La distribución de estas muertes fue de tres en Lima Norte, tres en Lima Sur, tres en Lima Centro, dos en Lima Este y dos en el Callao.
Carbajal señaló que esta situación ocurre porque la base estatal se actualiza de manera permanente, de modo que los fallecimientos pueden cambiar de categoría conforme avanza la investigación médica o policial. Aunque forman parte de la estadística de muertes violentas, todavía no fueron incorporados a la cifra final de homicidios, lo que podría elevar el total una vez que se complete la revisión.

Los datos del primer mes reflejan que la intervención militar y policial no redujo los hechos violentos en las zonas más afectadas. Lima Norte y Lima Sur concentraron cerca del 70% de los homicidios, mientras el Callao mantuvo niveles altos en proporción a su población. La continuidad de los ataques con arma de fuego evidencia que las estructuras criminales mantienen su capacidad operativa.
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