La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evalúa la apelación presentada por el Ministerio Público para que se imponga impedimento de salida del país a la expresidenta Dina Boluarte, investigada por las intervenciones estéticas realizadas durante su gestión. El debate se realizó de forma virtual desde las nueve de la mañana y reunió tanto a la defensa legal de la exmandataria como a los representantes de la Fiscalía, quienes reiteraron que persiste un eventual riesgo de fuga.
El proceso se retomó después de que un juez de primera instancia rechazara la solicitud fiscal al considerar que no existían elementos sólidos que justificaran la medida. Esa decisión fue cuestionada por el Ministerio Público, que insistió en los indicios relacionados con presuntos beneficios otorgados a funcionarios y la permanencia del hijo mayor de Boluarte en el extranjero, un factor que, según la Fiscalía, podría facilitar un eventual asilo.
El cruce que marcó la sesión virtual
Durante su intervención, Boluarte buscó explicar que sus viajes al exterior se dieron como parte de su labor oficial y rechazó las sospechas de una supuesta intención de abandonar el país. Sin embargo, mientras dirigía sus palabras, se produjo un momento que alteró el ritmo de la audiencia. La exmandataria se refirió al presidente de la sala como “señora jueza”, lo que motivó una inmediata corrección del magistrado Manuel Estuardo Luján.
“No soy señora, soy señor. Por lo visto, no me está viendo”, afirmó el juez, luego de interrumpirla para precisar que la sesión se desarrollaba bajo su conducción. Boluarte ofreció disculpas y explicó que en su pantalla la imagen era reducida, aunque el magistrado le pidió mayor atención e indicó que los participantes deben mantener visibles a quienes dirigen la audiencia.
La postura de la exmandataria frente al riesgo de fuga
Tras el incidente, Boluarte retomó su exposición y aseguró que no tiene intención de viajar al exterior pese a que actualmente no enfrenta restricciones para hacerlo. Recordó que su domicilio es de conocimiento público y sostuvo que su permanencia en el país responde a su voluntad de enfrentar las investigaciones abiertas en su contra. Negó que la situación laboral de su hijo en el servicio diplomático guarde relación con un eventual pedido de asilo.
La defensa de la exmandataria reiteró que su conducta en anteriores procesos ha sido constante y que no existe un elemento objetivo que demuestre que pretende eludir a la justicia. Su abogado afirmó que la Fiscalía “sobredimensiona” los hechos vinculados al viaje de su hijo y recalcó que no existe una gestión para solicitar protección internacional.
Los argumentos del Ministerio Público
El Ministerio Público fundamentó su apelación en los indicios obtenidos durante el avance de la investigación por las cirugías estéticas. Sostuvo que la exmandataria se ausentó de sus funciones durante varios días sin reportar su real estado de salud al Congreso y que los procedimientos médicos habrían sido realizados por un cirujano a cambio de beneficios personales, lo cual constituye un hecho sujeto a pesquisa penal. También señaló que la salida del país de una exasistenta de Boluarte, quien actualmente reside en Estados Unidos, reforzaría el riesgo de que la exjefa de Estado opte por seguir el mismo camino.
La Fiscalía insistió en que el impedimento de salida es necesario para asegurar el avance de la investigación, debido a que algunas de las diligencias pendientes requieren la presencia de la exmandataria. Además, recordó que la existencia de múltiples procesos en su contra evidencia la complejidad de los casos y la necesidad de asegurar su disponibilidad para cada citación oficial.
Antecedentes del caso Cirugías
El caso se remonta a los días en que Boluarte permaneció internada en una clínica privada para someterse a procedimientos estéticos que no fueron informados oportunamente al Congreso. La exasistenta de la exmandataria confirmó que se trató de tres intervenciones realizadas en un periodo en que la entonces presidenta debía comunicar cualquier ausencia formal. Esa declaración incluyó la versión sobre un presunto acuerdo con el médico que habría efectuado las cirugías, lo que abrió una línea de investigación por posible comisión de delitos.
La situación procesal de la exmandataria también está marcada por otras carpetas fiscales generadas durante y después de su periodo en el Ejecutivo. La defensa ha cuestionado que la Fiscalía utilice casos paralelos para reforzar sus solicitudes, mientras que el Ministerio Público ha explicado que el comportamiento procesal de un investigado es un elemento que puede influir en la evaluación de medidas restrictivas.
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