Contraloría detecta falta de camas en el Hospital Belén y riesgo sanitario en la morgue de Trujillo

En un esfuerzo por reforzar la fiscalización del gasto público y la calidad de los servicios estatales, la Contraloría General de la República ha iniciado un operativo de gran alcance en la región La Libertad. Más de 70 auditores participan en esta acción, orientada a revelar irregularidades y problemas críticos en sectores clave como salud, educación, vivienda y seguridad.

La intervención forma parte de una nueva estrategia de control territorial y sectorial, que apuesta por un monitoreo más directo y focalizado en provincias y distritos. El despliegue permite evaluar, en el terreno, tanto el avance de las obras públicas como la prestación de servicios que inciden de manera directa en la población.

El objetivo central de este operativo es prevenir actos de corrupción y alertar sobre deficiencias en la gestión estatal, garantizando que los recursos públicos se utilicen con transparencia y eficacia. Las inspecciones intensivas se desplegarán en toda la región durante las próximas semanas.

El vocero de la Contraloría, Luis Castillo, explicó que el trabajo de los auditores será sistematizado en informes de control preventivo. “Estos informes serán comunicados a los titulares de las entidades públicas involucradas para que adopten las acciones correctivas correspondientes”, afirmó Castillo en una nota oficial. Las autoridades tendrán hasta 45 días para implementar medidas y demostrar su compromiso con la ciudadanía.

Esta metodología también incluye un seguimiento sistemático por parte de la Contraloría, que evaluará la respuesta de los gobiernos locales y regionales ante los hallazgos observados en el operativo.

Durante una inspección reciente al Hospital Belén de Trujillo, los auditores detectaron un déficit promedio de 30 camas en el área de Emergencias. Esta situación obliga a pacientes a esperar más de 12 horas en camillas debido a la saturación de los espacios y la congestión en la atención. Además, se confirmó que la construcción de la casa de fuerza del hospital permanece inconclusa, aunque su finalización estaba prevista para mayo de este año.

La Contraloría consideró crítica esta situación, dado que dicha infraestructura es esencial para proporcionar una fuente estable de energía eléctrica y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios generales y de apoyo. La falta de capacidad hospitalaria y demoras en la habilitación de obras afectan directamente la atención de los pacientes.

En la morgue de Trujillo, el panorama es igualmente alarmante. Las seis cámaras de refrigeración han excedido su capacidad, albergando más de un cuerpo por compartimiento. Se detectó, además, la ausencia de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales provenientes de las necropsias, lo que genera un riesgo sanitario significativo al verter estos líquidos sin tratar al sistema de alcantarillado de la ciudad.

Los auditores también reportaron deficiencias en la infraestructura y el equipamiento de la morgue. El laboratorio de biología molecular con PCR en tiempo real (ADN) se encuentra incompleto; existe hacinamiento de muestras en el área de patología y sobrecarga de personal. El sistema contra incendios no funciona, el archivo institucional opera al límite de su capacidad y los ascensores no están operativos, lo que obstaculiza las labores médico-legales.

En el almacén del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, se verificaron alimentos de consumo humano próximos a vencer, que no han sido distribuidos a la población beneficiaria. Además, se observó que el espacio se utiliza como depósito de documentos de otras áreas y no existe un registro adecuado de entradas y salidas de los bienes almacenados.

En los almacenes de la municipalidad provincial de Trujillo, ubicados en el complejo deportivo Chan Chan, se identificó la presencia de filtraciones y humedad en los techos de los depósitos, donde se guardan utensilios, frazadas y artículos de aseo personal. Esta situación compromete la conservación de los bienes y puede afectar la entrega de ayuda a quienes lo requieren. La falta de mantenimiento y registros adecuados reduce la capacidad de respuesta ante emergencias o necesidades sociales.