El Congreso ha dado un primer paso para la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), esta vez por dos años, hasta diciembre de 2027, en una decisión que beneficia a un grupo de mineros informales e ilegales que operan en el Perú. La aprobación de un predictámen al interior de la Comisión de Energía y Minas, ha dejado al voto del Pleno del Congreso esta medida. Sin embargo, la vicepresidenta del grupo parlamentario, Diana Gonzales, ha rechazado esta iniciativa.
La integrante de la bancada Avanza País, responsabilizó a Somos Perú y al presidente, José Jerí, por la reciente aprobación de la extensión del Reinfo incluso un año más allá del final de su mandato. En declaraciones a RPP, Gonzáles afirmó que hay un “silencio cómplice” al interior del Ejecutivo frente una medida que podría ser elevada al Pleno en un plazo inusualmente breve.
La votación en la Comisión de Energía y Minas concluyó con 17 votos a favor, tres en contra y una abstención. Somos Perú, considerada como la “bancada presidencial” de Jerí, respaldó la iniciativa con sus 4 votos.
“Hoy leí la entrevista del señor primer ministro que se pronuncia en contra de la reincorporación de los cincuenta mil registros excluidos del Reinfo. Pero sobre la prórroga, no leí ninguna referencia. Finalmente, la bancada presidencial de José Jerí apoya la ampliación. Es una contradicción tener una bancada y un premier que no coinciden. No entiendo esa posición”, afirmó Gonzáles en RPP.
Silencio desde el Ejecutivo
Gonzáles criticó la ausencia de una postura firme tanto del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; como del titular de la cartera de Energía y Minas, Luis Bravo; a quienes señaló por guardar un silencio cómplice que, desde su perspectiva, facilita la ampliación del Reinfo.
La representante de Avanza País también denunció la existencia de un mercado ilegal de alquiler de Reinfo suspendidos, especialmente en zonas de fuerte presencia de minería informal. Explicó que, a través de redes sociales, estos registros se ofrecen con total impunidad. “Mostré unas diapositivas sobre cómo se alquilan los Reinfo suspendidos. Existe un gran mercado de estos registros”, relató Gonzáles, quien además precisó que el 90% de los 50 mil Reinfo excluidos llevaba más de cuatro años en suspensión.
La congresista argumentó que la ampliación del Reinfo perpetúa un sistema ineficaz y perjudicial. Según datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), citados por la parlamentaria, la recaudación fiscal aumentó un 55% tras la exclusión de 50 mil registros del Reinfo.
“A pesar de la exclusión de esos cincuenta mil registros, los impuestos aumentaron en un 55%. Este dato es contundente, porque a pesar de la eliminación desde julio, agosto, septiembre y octubre, SUNAT ha recaudado mucho más con los 30 mil que deberían ser objeto de debate”, señaló.
Gonzáles advirtió que sectores políticos intentan justificar la prórroga del Reinfo como única alternativa tras el archivo de la ley MAPE, lo que, a su juicio, responde a intereses electorales y económicos. Explicó que se están usando argumentos de derechos humanos y protección ambiental para defender la ampliación, mientras la realidad muestra que la minería ilegal está vinculada a delitos como trata de personas, lavado de activos y deterioro ambiental.
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