La preocupación por el avance del crimen organizado en el Perú vuelve a concentrar la atención internacional. Este jueves 20 de noviembre, representantes de diversos sectores afectados por la violencia expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo la inseguridad se ha convertido en una amenaza directa para la vida, la integridad y el trabajo de miles de ciudadanos. La sesión, que iniciará a las 9:00 a. m., se realizará desde la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en Lima, conectada en tiempo real con la CIDH.
Transportistas, comerciantes, empresarios, organizaciones feministas y líderes indígenas participarán en esta audiencia temática para detallar cómo fenómenos como el sicariato, la extorsión, el cobro de cupos y las economías ilegales han transformado su día a día. Su objetivo es advertir que la inseguridad no solo es un problema policial, sino una vulneración directa de derechos fundamentales que se agrava frente a normas que, según denuncian, favorecen la impunidad.
Representantes alertan sobre impacto del crimen organizado en derechos humanos
Entre los ponentes estará Julio Campos, vocero del sector transportista, uno de los gremios más golpeados por el sicariato y las amenazas constantes de redes de extorsión. Él explicará cómo estas bandas controlan rutas, imponen pagos forzados y ponen en riesgo la vida de conductores y pasajeros. A su intervención se sumará la empresaria de Gamarra Judith Panca, quien dará cuenta de las pérdidas económicas y la presión que enfrentan los comerciantes debido al cobro de cupos, práctica que en los últimos años se ha expandido incluso hacia pequeños negocios.
El apu Julio Cusurichi, representante de pueblos indígenas, compartirá testimonios sobre asesinatos, hostigamientos y desplazamientos vinculados a mafias ligadas a la tala, minería ilegal y narcotráfico. Estas comunidades, muchas veces aisladas, denuncian que el avance de estas redes criminales se produce sin una respuesta estatal efectiva. Por su parte, María Ysabel Cedano, desde las organizaciones feministas, explicará cómo la violencia criminal afecta de manera diferenciada a las mujeres, quienes enfrentan riesgos adicionales en contextos dominados por grupos delictivos.
En nombre de la CNDDHH participarán también Ricardo Soberón, especialista en seguridad ciudadana, y Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la institución. Ellos enfatizarán que la inseguridad ciudadana debe abordarse desde un enfoque integral que priorice la protección de la vida y la igualdad, y no únicamente desde la respuesta penal. Asimismo, señalarán su preocupación por leyes que, según indican, terminan fortaleciendo al crimen organizado al no considerar los pedidos ciudadanos para su derogación.
Violencia letal en aumento: cifras del Sinadef revelan un 2025 crítico
Los registros del Sinadef muestran que entre julio y septiembre del 2025 se contabilizaron 575 homicidios, el número más elevado del año y el valor trimestral más alto desde que inició la serie estadística en 2017. Esta cifra supera con holgura los promedios históricos y evidencia que el país atraviesa uno de sus periodos más críticos en materia de violencia letal. De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, este trimestre ya se perfila como el más violento registrado en casi una década.
Las estadísticas también reflejan que la escalada no comenzó este año. Desde el 2023, los trimestres superan de manera constante los 450 y 500 asesinatos, muy por encima de los poco más de 200 casos que se observaban en el 2017. Aunque el 2024 ya había marcado un cambio de tendencia con picos de 580 homicidios, el ritmo del 2025 apunta a superar ese récord, impulsado por la expansión del crimen organizado, la presencia de economías ilegales y la incapacidad de frenar la violencia armada en zonas urbanas y periurbanas.
Al revisar toda la serie, el Sinadef ha registrado 11.995 homicidios desde 2017 hasta septiembre de 2025, con un incremento sostenido que duplica los niveles de los primeros años reportados. Solo en los últimos seis trimestres se han concentrado más de 3.400 asesinatos, una cifra que confirma que la violencia homicida en el país no ha dejado de crecer y que el 2025 podría cerrar como el año con más muertes intencionales en casi una década.
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