Las estrictas políticas migratorias en Estados Unidos, reforzadas desde el inicio de la administración de Donald Trump, han dado lugar a diversos casos de deportación. Una docente de quinto grado en un colegio de Parker, Colorado, fue deportada a Perú tras ser detenida por agentes de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Marina Ortiz-Abollaneda, de 43 años, asistía a citas relacionadas con su situación migratoria cuando fue arrestada. Este hecho impactó a la comunidad educativa y despertó inquietudes respecto a los procedimientos de detención de inmigrantes en Estados Unidos.
La detención se produjo el viernes 24 de octubre en las oficinas de ICE en Centennial, Colorado. Ortiz-Abollaneda y su familia fueron trasladados a un centro de detención familiar en Texas. De acuerdo con un comunicado de la escuela, la docente tenía autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos, pero dicha acreditación no evitó su remoción, lo que evidencia la complejidad de las situaciones migratorias, incluso para quienes cuentan con permisos laborales.
El retiro repentino de la profesora ha generado desafíos inmediatos para su clase y para la gestión institucional. Global Village Academy calificó la situación como “desafortunada” para la familia Ortiz y para toda la comunidad educativa. Las autoridades escolares indicaron que colaboran con su equipo legal para identificar posibles alternativas que permitan apoyar a la familia afectada. El caso ha resaltado la vulnerabilidad de quienes, aun con respaldo institucional, enfrentan riesgos migratorios.
Ingreso irregular a Estados Unidos complicó situación migratoria de la docente
Un comunicado de ICE, divulgado por CBS News, detalla que Ortiz-Abollaneda ingresó a Estados Unidos de forma irregular el 2 de diciembre de 2022 cerca de Yuma, Arizona, y fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Posteriormente, fue puesta en libertad bajo palabra y estuvo bajo supervisión migratoria hasta su detención en octubre de 2025.
ICE informó que el 5 de noviembre la docente solicitó regresar voluntariamente a Perú, y un juez de inmigración aprobó su salida. Ortiz-Abollaneda fue deportada del país el 13 de noviembre de 2025. “ICE está cumpliendo su misión de identificar y remover a extranjeros que han violado las leyes migratorias de nuestra nación”, afirmó la agencia en su declaración oficial.
“Marina Ortiz-Abollaneda, de 43 años, es una ciudadana peruana en situación irregular que ingresó al país el 2 de diciembre de 2022 cerca de Yuma, Arizona, y fue arrestada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU”, indica el pronunciamiento del ICE a CBS News.
Especialistas en inmigración advierten que los arrestos durante citas migratorias aumentan, en particular para quienes tienen antecedentes de ingreso irregular o situaciones que despiertan alertas en los sistemas migratorios. Arturo Vazquez, abogado especializado en migración, explicó a Denver7 que la práctica busca asegurar la presencia de las personas en los procedimientos migratorios, aunque puede generar situaciones de vulnerabilidad para los afectados.
El caso de Ortiz-Abollaneda expone la tensión entre la autorización laboral y la regularización migratoria. Mientras los centros educativos procuran estabilidad para docentes y estudiantes, la normativa migratoria sostiene procedimientos estrictos que pueden alterar drásticamente la vida de familias inmigrantes.
Comunidad escolar expresa preocupación por la ausencia de la docente
La comunidad de Global Village Academy manifestó sorpresa y preocupación tras la detención de Ortiz-Abollaneda. En una carta dirigida a los padres, difundida por Denver7, la directora Stacy Bush señaló que la ausencia de la docente supone un reto para los estudiantes y aseguró el compromiso de la institución de ofrecer apoyo emocional a los menores afectados.
Susan Meek, integrante de la junta educativa del distrito de Douglas County, indicó que la situación produce “incertidumbre y vulnerabilidad” en las familias que viven con temor respecto a los procedimientos migratorios. La escuela informó que sigue en contacto con abogados y asesores externos para contemplar vías de ayuda para la familia Ortiz-Abollaneda.
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