El Hospital Regional de Tarapoto quedó bajo escrutinio tras una intervención inesperada de la Contraloría General que ingresó a sus áreas de emergencia en plena madrugada. El recorrido permitió constatar un escenario marcado por la saturación de pacientes, deficiencias en infraestructura y equipamiento clave fuera de servicio. Estas observaciones forman parte de un operativo más amplio ejecutado esta semana en distintas instituciones públicas de la región San Martín.
El equipo de auditores también verificó el estado de servicios educativos, penitenciarios y forenses, donde se identificaron problemas que afectan directamente la atención a la población. Grietas en techos, ausencia de instrumentos adecuados, riesgo estructural en aulas y centros de detención sobrepasados revelaron fallas acumuladas por años. Las visitas continuarán en las próximas horas para revisar otras entidades incluidas en el operativo multisectorial.
Pacientes atendidos en pasillos y equipos esenciales paralizados
Durante el ingreso a la unidad de emergencias, los auditores encontraron camas alineadas en los corredores, ocupadas por personas que recibían desde terapias endovenosas hasta otros procedimientos que deberían realizarse en espacios adecuados. La falta de ambientes disponibles llevó a que el personal improvisara numeraciones en las paredes para organizar la atención, reflejo de un servicio desbordado.

En las áreas de apoyo diagnóstico, la situación tampoco era favorable. Equipos de rayos X, un tomógrafo y un Arco en C permanecen sin funcionar desde hace meses. La paralización de estas máquinas ha dejado al hospital sin la capacidad de realizar estudios cruciales, lo que obliga a derivar casos o ralentiza atenciones que requieren confirmación especializada.
UCI con ventiladores sin uso y quirófanos con fallas constantes
En la Unidad de Cuidados Intensivos se verificaron 32 ventiladores mecánicos adquiridos durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Una parte de estos nunca entró en operación y otros presentan fallas en sus componentes de visualización, lo que impide que el personal monitorice parámetros básicos de ventilación. La inutilización de estos equipos reduce la capacidad de respuesta ante pacientes críticos.
Los quirófanos también registraron problemas que afectan su funcionamiento. Las lámparas cialíticas mostraron desgastes por uso continuo y las máquinas de anestesia evidenciaron fallas recurrentes que requieren renovación. Este conjunto de deficiencias compromete la seguridad de las intervenciones quirúrgicas y retrasa la programación de cirugías.
Infraestructura deteriorada y sistemas de seguridad sin operatividad

El recorrido permitió identificar fisuras en el techo del hospital, por donde el agua de lluvia se filtra durante las precipitaciones. Esta situación expone a pacientes y personal a riesgos adicionales y deteriora los ambientes clínicos. Asimismo, el sistema de aire acondicionado presenta conexiones con mantenimiento insuficiente, mientras que varios extintores no se encuentran operativos.
La inspección del proyecto del Centro de Hemodiálisis mostró que, pese a contar con equipamiento instalado, aún no puede estar en funcionamiento porque el suministro eléctrico no ha sido asegurado. El proyecto, valorizado en S/ 11 millones entre obras y maquinaria especializada, continúa sin servicio debido a esta carencia técnica pendiente de solución.
Colegios, penales y morgue bajo observación en el operativo multisectorial
El operativo de la Contraloría abarcó además la Institución Educativa 1291 Banda de Shilcayo, donde el edificio presenta condiciones que ponen en riesgo su estabilidad. Ante esta situación, más de un centenar de estudiantes no recibe clases presenciales y tampoco puede acceder a educación virtual por falta de conexión a Internet.

En el penal Sananguillo, administrado por el INPE, se detectó que la población penitenciaria supera ampliamente su capacidad instalada. Aunque está diseñado para 600 internos, registra 866, lo que incrementa los riesgos y dificultades para mantener el orden y brindar servicios básicos a las personas privadas de libertad.
El equipo también inspeccionó la morgue del Ministerio Público, donde se constató que las necropsias se realizan con instrumentos domésticos debido a la falta de herramientas adecuadas. Cuchillos de cocina, implementos desgastados y material insuficiente forman parte de un escenario que vulnera los estándares mínimos para estas labores. Las auditorías continuarán durante la semana para revisar más entidades incluidas en el operativo regional.
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