Hoy desde las 8:00 de la mañana, en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba (Apurímac), se reanudó la audiencia de control de acusación contra 19 defensores de derechos humanos y ambientales de Cotabambas, procesados por los hechos ocurridos durante las protestas de septiembre de 2015 contra el proyecto minero Las Bambas. La sesión retomará el análisis de los elementos de convicción, luego de que la audiencia iniciada el 31 de octubre fuera suspendida por decisión del juez.
Este proceso, que forma parte del expediente N.º 253-2015, investiga los presuntos delitos de disturbios, daños agravados y otros en agravio del Estado y de la empresa MMG Las Bambas S.A.C., en un caso que se ha extendido por más de una década, pese a cuestionamientos sobre la legalidad, proporcionalidad y sustento probatorio de la acusación fiscal.
Un proceso que persiste pese a la falta de pruebas
La audiencia será dirigida nuevamente por el magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas y contará con la presencia del fiscal adjunto de la Fiscalía Mixta de Challhuahuacho, la Procuraduría, la representación legal de MMG Las Bambas y los abogados defensores de los acusados.
En la reanudación, el juez deberá continuar con la revisión de los elementos probatorios que sostienen la acusación contra los 19 procesados. La Fiscalía insiste en penas que van desde 11 hasta 17 años de prisión, además del pago de S/ 20 000 al Estado y de US$ 88 600 a la empresa minera por supuestos daños.
Los acusados, todos integrantes del pueblo quechua, sostienen que nunca participaron en actos violentos y que fueron procesados por ejercer su derecho a la protesta social en defensa de sus territorios, más aún cuando la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se realizó sin consulta previa, pese a las obligaciones del Estado bajo el Convenio 169 de la OIT.
Historias de vida marcadas por la criminalización
Javier Mamani Coaquira
Comerciante y transportista nacido en Haquira, Apurímac, Javier Mamani acudió en 2015 a ayudar a personas heridas durante las protestas. Por esta labor humanitaria, fue detenido, acusado sin pruebas de disturbios y tenencia ilegal de armas y pasó seis meses injustamente en prisión. La Fiscalía pide 15 años y 4 meses de cárcel.
Edwar Brandon Quispe Ccuno
Tenía 17 años cuando fue detenido mientras auxiliaba heridos. Pasó seis meses recluido pese a su minoría de edad. Hoy es padre de dos niñas, sin trabajo estable debido al proceso que lo persigue desde hace 10 años. La Fiscalía pide 15 años y 4 meses de prisión.
Vidal Ccorpuna Alejo y Octavio Ccorpuna Pinares
Ambos defensores quechuas de la comunidad Ccahuapirhua participaron en las movilizaciones comunitarias. Octavio fue detenido cerca de su vivienda, agredido y criminalizado; Vidal enfrenta cargos solo por integrar una protesta comunal. El Ministerio Público solicita 11 años de prisión para cada uno.
Un caso que nació de una protesta legítima
Las protestas de Cotabambas en septiembre de 2015 se originaron luego de que el Estado aprobara una modificación al EIA de Las Bambas sin consultar a las comunidades, afectando derechos fundamentales como la salud, el ambiente y el territorio. La falta de diálogo provocó que del 25 al 29 de septiembre se realizaran movilizaciones pacíficas, en las que también se produjeron hechos de violencia aislados.
En ese contexto, 19 comuneros fueron denunciados por la empresa minera y por la Fiscalía, pese a que no existen pruebas que acrediten su participación en delitos.
Detenciones, torturas y un proceso que no avanza
El 29 de septiembre de 2015, siete comuneros —entre ellos Edwar Quispe y Javier Mamani— fueron detenidos mientras apoyaban la labor del personal médico que atendía a heridos. Ambos denunciaron que fueron víctimas de torturas, obligados a firmar declaraciones falsas y forzados a manipular armas para que las pericias dieran positivo.
Pasaron seis meses recluidos en el penal de Qenqoro (Cusco). Aunque fueron liberados y se dictó una sentencia absolutoria en 2020, la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión. En 2021, la Sala Penal de Apelaciones anuló la absolución y dispuso reiniciar todo el proceso, lo que hoy deriva en la audiencia del 19 de noviembre.
El conflicto de Las Bambas dejó, además, tres fallecidos por impactos de bala: Exaltación Huamaní Mío, Beto Chahuallo Huillca y Alberto Cárdenas Challco. A la fecha, ninguna investigación ha determinado responsabilidades. También murió Quintino Cereceda Huiza en 2016 durante una intervención policial. Sus familias siguen sin justicia.
Más de una década de criminalización
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que este caso constituye un ejemplo de criminalización prolongada de la protesta social y han solicitado la observación nacional e internacional del proceso. Los comuneros llevan más de diez años enfrentando un juicio sin sustento, que ha afectado sus vidas, su estabilidad familiar y sus medios de subsistencia.
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