La madrugada del martes volvió a exponer la vulnerabilidad del transporte formal en Lima Norte. Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la cochera de la empresa El Rápido, en San Martín de Porres, dejando varios impactos en la puerta metálica y reavivando el temor entre los trabajadores. El ataque ocurrió cerca de la 1:00 a. m. en la avenida Chuquitanta y forma parte de una serie de hechos violentos que mantiene en alerta a los conductores que operan en la zona.
Este nuevo atentado, el tercero registrado en lo que va del año, ha puesto en evidencia la magnitud del sistema de cobro de cupos que afecta a la ruta 42. Testimonios de choferes revelan que las bandas dedicadas a la extorsión obtienen montos que superan con facilidad las cifras manejadas por pequeñas empresas, lo que convierte al transporte público en una fuente rentable para organizaciones delictivas que operan en San Martín de Porres y otros puntos de Lima Norte.
El flujo de dinero que mueve la extorsión
El ataque ocurrido este martes replicó un patrón ya conocido por los trabajadores de El Rápido. En meses anteriores, una unidad en circulación fue atacada a balazos mientras avanzaba por calles del mismo distrito. En un hecho aún más grave, un conductor terminó muerto tras ser interceptado por criminales que venían exigiendo pagos diarios. Ese historial ha fortalecido la percepción de desprotección dentro del gremio y ha llevado a que muchos operadores opten por suspender su turno cuando se registran nuevos incidentes.
Al momento del último atentado, la cochera se encontraba cerrada. La fachada quedó marcada por seis orificios de bala de gran tamaño. Peritos de criminalística evaluaron la posibilidad de que se haya usado un arma automática o un modelo de largo alcance. La Policía recogió casquillos en la pista y tomó declaraciones a conductores que prefirieron mantener reserva por temor a represalias. Varias unidades de la ruta 42 no salieron a trabajar horas después, decisión adoptada por cada chofer debido al riesgo permanente.
La economía criminal que rodea a la ruta 42
Información obtenida por Exitosa muestra la magnitud del negocio ilícito que opera detrás de estos ataques. Los extorsionadores exigirían un pago diario de S/10 a cada conductor de la ruta 42, que cuenta con aproximadamente 110 choferes. Ese aporte genera cerca de S/2 mil 200 por día y un acumulado mensual superior a S/66 mil. Si se proyecta a escala anual, el monto bordea los S/792 mil solo por esa línea, una cifra que explica el interés de las bandas en mantener el control sobre esta empresa.
El Rápido tiene alrededor de 960 conductores en toda su operación, cifra que agranda el panorama delictivo si se confirma que otras rutas —como la C y la 5— también realizan aportes forzados. Ambas líneas participaron en recientes protestas del sector, donde solicitaron medidas concretas para frenar la ola de ataques armados. La falta de garantías ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes denuncian que la recaudación ilegal se mantiene sin una respuesta efectiva de las autoridades.
Tres ataques en un solo año y una banda que busca imponerse
El atentado de esta semana ha sido atribuido, de manera preliminar, a una nueva organización dedicada al cobro de cupos en San Martín de Porres. De acuerdo con fuentes en el sector, esta agrupación habría empezado a presionar a los conductores de El Rápido en los últimos meses como parte de una disputa territorial con otras redes criminales que operan en Lima Norte. La insistencia en los pagos ha llevado a enfrentamientos que desembocaron en los ataques previos y en la muerte del conductor mencionada por los trabajadores.
La Policía Nacional mantiene presencia temporal en la zona, aunque los choferes aseguran que el resguardo no es permanente y que los delincuentes suelen actuar cuando los agentes se retiran. Las investigaciones buscan determinar el tipo de armamento empleado en este último atentado y si los responsables pertenecen a un grupo recién constituido o a uno ya identificado en operativos recientes. Hasta el momento no hay detenidos ni se ha recuperado el vehículo usado durante el ataque.
El impacto en la operación diaria y el clima dentro del gremio
Tras el atentado, varios conductores optaron por no salir a ofrecer el servicio durante la mañana del martes, lo que afectó el desplazamiento de usuarios que dependen de la ruta 42. Representantes del sector señalan que este tipo de ataques podría detonar un paro de 48 horas si se confirma un nuevo atentado. La posibilidad ya había sido advertida días antes por voceros de Transportes Unidos, quienes insistieron en que los trabajadores se sienten sin respaldo frente al avance de estas mafias.
Los vecinos de la zona también manifestaron preocupación debido a la frecuencia de los disparos registrados en los últimos meses. Muchos reportaron haber escuchado las detonaciones a la 1:00 a. m., lo que generó alarma entre familias que viven cerca de la cochera. La incertidumbre afecta tanto a los pasajeros como a los choferes, que deben decidir cada día si continúan con sus recorridos pese a los riesgos que implica ser parte de una empresa marcada por reiterados ataques criminales.
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