PNP inicia entrega de autos, pese a irregularidades: Contraloría advierte aumento de vehículos y posibles sobrecostos

La Policía Nacional del Perú (PNP) comenzó la entrega de una nueva flota de vehículos. El proceso se lleva a cabo a pesar de un informe de la Contraloría General de la República que advierte sobre irregularidades en el proceso de adquisición, incremento no planificado de vehículos y posibles sobrecostos.

Punto Final develó que al menos 120 coroneles de la PNP acudieron vestidos de civil a un local identificado en la capital para recoger sus nuevos Toyota Corolla de última generación. Según detalló el dominical, “los vehículos fueron entregados a altos mandos sin SOAT ni placas, omitiendo requisitos contractuales esenciales y generando dudas sobre su circulación legal inmediata”.

Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría General, confirmó la identificación de problemas y presuntas irregularidades desde el nacimiento de esta contratación. Las adquisiciones, ordenadas bajo instrucción directa del entonces teniente general Víctor Zanabria Angulo —uno de los beneficiarios de los vehículos Audi—, superan los dieciocho millones setecientos mil soles (cerca de cinco millones de dólares).

El proceso comenzó con la proyección inicial de ocho camionetas Audi, cuarenta Toyota RAV4 (SUV) y ciento veinte Toyota Corolla para los altos oficiales. No obstante, la cifra total de vehículos se incrementó inesperadamente a 177: la cantidad de Toyota RAV4 pasó de cuarenta a cincuenta, y la compra de Audi se ajustó a siete unidades. “Al igual que en el caso de las camionetas RAV4, este número podría incrementarse si la entidad requiere un adicional”, advirtió Vera Coronel.

También cuestionan el procedimiento administrativo, dado que el requerimiento de compra se basó indebidamente en adquisiciones similares realizadas por el Ejército, aunque las condiciones de ambas instituciones difieren normativamente. Además, se indicó que el funcionario de la PNP encargado de formalizar la solicitud de compra estaba inhabilitado para ejercer, en el momento de la gestión.

El reportaje expuso que la adjudicación se realizó en bloque, agrupando vehículos de diferentes categorías, lo que impactó tanto en el valor referencial como en la conformación del concurso. Un ejemplo citado es que para la compra de vehículos Audi se desestimó una oferta de la marca Mitsubishi que presentó un precio menor, argumentando cuestiones técnicas sobre la llanta de repuesto que, según especialistas consultados, podían haberse resuelto con mayor flexibilidad en las bases del concurso.

El vocero de Contraloría mencionó que “las camionetas Volkswagen Tiguan fueron utilizadas como parámetros para establecer el valor referencial. […] Nos ha llamado la atención algunos datos iniciales porque, aparentemente, se habría cotizado por encima de los valores que establece el mercado”, refiriéndose a presuntos incrementos superiores a diez mil dólares por unidad respecto a valores de referencia obtenidos en las distribuidoras.

Esta asignación de vehículos de lujo contrasta con la situación edilicia de diversas dependencias policiales: diversas comisarías en todo el país presentan infraestructura colapsada, carencia de servicios básicos, suspensión del suministro eléctrico y riesgo de accidentes para el personal. Según los testimonios recogidos, mientras algunos oficiales reciben autos de alta gama, otros efectivos “con treinta o cuarenta años de servicio no tienen acceso ni a servicios mínimos ni a equipos de trabajo adecuados”.

Al intentar recabar declaraciones oficiales, Punto Final reportó que la entrega de vehículos se interrumpió abruptamente ante la presencia del equipo periodístico. El general Gustavo Pareja, director de Administración de la PNP, declinó ofrecer declaraciones y la entrevista pactada con el coronel Walter Ramos Gómez, jefe de la división de logística, fue cancelada por decisión de la alta dirección policial.