Frente al reciente ataque armado a una unidad de transporte urbano en San Martín de Porres, al norte de la capital peruana, los gremios de transportistas formales de Lima y Callao advirtieron que convocarán un paro de 48 horas si se registra otro atentado contra sus unidades o choferes.
La advertencia surge en medio del actual estado de emergencia que rige en la capital y subraya la preocupación por la seguridad de choferes y usuarios luego del violento incidente ocurrido el pasado domingo 16 de noviembre contra un bus de la conocida empresa de transporte San Germán.
El anuncio, hecho público por Martín Ojeda, vocero de los gremios formales que acataron el último paro del 4 de noviembre, señala que la medida se ejecutará si ocurre un nuevo acto delictivo contra su sector.
Según informó RPP, Ojeda declaró: “Debido a que queda demostrado que no baja el índice de criminalidad y esto pone en peligro a las empresas de transporte urbano en Lima y Callao, así como a sus usuarios, que de realizarse un nuevo acto criminal en los próximos días, horas, e inclusive semanas, se realizará un paro de 48 horas”.
El sector de transportistas agrupados difundió también un comunicado oficial, donde reclamó intervención directa de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, con despliegue territorial y la creación de bases militares móviles en zonas críticas, sumado a la extensión del estado de emergencia en Lima Metropolitana.
“Los transportistas no nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado. Si ocurre un nuevo acto de criminalidad contra el transporte urbano tradicional y convencional, nos veremos obligados a realizar un paro general de 48 horas, como medida de defensa legítima ante el abandono del Estado”, se lee en el documento difundido al que accedió Infobae Perú.
En el mismo pronunciamiento, resaltaron la necesidad de acciones firmes contra las mafias. “Exhortamos al presidente de la República (José Jerí) y a todo el Estado a que actúen sin piedad contra el crimen organizado”, señalan los transportistas en el comunicado.
El atentado a San Germán
La situación detonante fue el ataque armado del domingo 16 de noviembre que sufrió un bus de la empresa San Germán en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Según reportes policiales, dos individuos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo –lleno de pasajeros– y dispararon sobre la cabina del conductor. El ataque, que ocurrió a plena luz del día cerca del cruce de la avenida Germán Aguirre con calle Las Magnolias, dejó al menos doce impactos de bala en la unidad.
Las imágenes del incidente, grabadas y difundidas por los propios agresores, revelan la modalidad extorsiva y el nivel de riesgo que enfrentan tanto pasajeros como conductores.
Testigos y vecinos reportaron momentos de pánico ante las detonaciones. El conductor escapó ileso tras lanzarse al piso del bus, y el vehículo continuó la marcha hasta detenerse cerca de un rompemuelle.
El acto ocurrió durante la vigencia del estado de emergencia en Lima y Callao, una medida decretada desde el 22 de octubre y que restringe algunas libertades para enfrentar la inseguridad.
No obstante, según cifras reportadas, desde la implantación de esta medida se han contabilizado 24 homicidios en Lima y 5 en Callao, además de otras 7 muertes violentas vinculadas a armas de fuego.
Demandas de seguridad
Para los representantes del transporte urbano formal, estos hechos ponen en evidencia “el abandono del Estado” y la urgencia de “control territorial integral”. Las empresas señalan la necesidad impostergable de proteger no solo sus unidades, sino también la integridad de trabajadores y pasajeros que circulan diariamente.
El contexto también expone la persistencia de la violencia pese a las acciones policiales y militares. Aunque algunas autoridades locales, como el alcalde de San Juan de Lurigancho, han reportado reducciones en ciertos delitos dentro de sus jurisdicciones, el conteo nacional muestra una alta letalidad.
De momento, la decisión y el anuncio de los gremios de transportistas continúan generando presión sobre el Ejecutivo, que debe definir si refuerza o rediseña su política de seguridad ante la continuidad de atentados en el servicio público urbano.
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