Contraloría destapa irregularidades en viviendas de interés social: edificios con hasta 28 pisos donde solo permitían 10

Las viviendas de interés social, conocidas como VIS, vuelven a estar bajo escrutinio tras una serie de inspecciones que revelaron graves irregularidades en proyectos inmobiliarios ubicados en distintos distritos de la capital. Según la Contraloría General de la República, muchos de estos edificios recibieron licencias de construcción pese a incumplir parámetros municipales, exceder el número permitido de pisos o ubicarse en zonas donde este tipo de proyectos está expresamente restringido. Las revelaciones generaron alarma por la magnitud de los hallazgos y la forma en que las empresas lograron avanzar sin mayores obstáculos.

El dominical Cuarto Poder accedió a imágenes, documentos y reportes técnicos que detallan cómo, en varios casos, la figura de vivienda social se habría utilizado como un mecanismo para expandir edificaciones que no cumplirían con los requisitos económicos para ser consideradas accesibles. Los auditores advirtieron que muchas unidades se ofertan a precios muy superiores a los establecidos para la categoría VIS, mientras que las obras continúan ejecutándose aun cuando ciertas licencias han sido cuestionadas o se encuentran en litigio.

Los equipos de control realizaron inspecciones en 20 distritos y encontraron que 6 de cada 10 construcciones no superaron las revisiones técnicas. Entre los casos más notorios figura un edificio en San Isidro que planea levantar 28 pisos, a pesar de que los parámetros municipales solo permiten 10. Otro proyecto, presentado también como VIS, contempla 22 niveles adicionales gracias a un beneficio normativo del Ministerio de Vivienda que originalmente buscaba facilitar la construcción de unidades más económicas.

Las imágenes presentadas por Cuarto Poder, captadas con un dron durante una inspección el 26 de junio, muestran estructuras que avanzan a buen ritmo incluso después de que la Contraloría informara irregularidades. En la intersección de avenida Salaverry y calle Burgos, por ejemplo, ya se había demolido la edificación previa, pero actualmente funciona una caseta de ventas, señal de que la promoción del proyecto continúa.

Los auditores explicaron que, en un escenario ideal, edificaciones que exceden de forma tan amplia los parámetros deberían recibir observaciones inmediatas y no obtener conformidad de obra. Algunas de ellas incluso podrían enfrentar procesos de demolición parcial, pues superan entre 14 y 22 pisos lo autorizado. Sin embargo, la revisión documental muestra que estos proyectos contaron con licencias que fueron aprobadas sin cumplir lineamientos esenciales.

Otro punto identificado es la falta de estacionamientos. En al menos un caso, un proyecto solo acreditó el 50% de los espacios mínimos requeridos y no incluyó áreas para visitantes, lo que incumple las normas básicas de habilitación urbana. A esto se suma que muchos de los departamentos ofertados superan ampliamente el tope permitido para ser considerados VIS: unidades de 43 m² se venden a S/ 391 mil, pese a que el límite fijado para el beneficio es de S/ 160 mil.

De acuerdo con lo expuesto por el dominical, algunas inmobiliarias han logrado avanzar en sus obras mediante cambios en la razón social de los proyectos. Esta estrategia les permite eludir medidas cautelares, sortear los procesos de anulación de licencias y continuar con la venta de departamentos, argumentando que los compradores actúan como terceros de buena fe y no pueden ser afectados por disputas administrativas.

Los auditores señalan que esta práctica dificulta las acciones de control, pues los procesos se reinician o quedan entrampados mientras la construcción sigue en marcha. En distritos como San Isidro, actualmente existen 28 solicitudes de nuevos proyectos VIS en evaluación o ejecución. La mayoría continúa su avance mientras los litigios aún están abiertos, generando incertidumbre sobre el futuro de las obras.

Especialistas consultados por Cuarto Poder también recordaron que para que una unidad califique como vivienda de interés social, no solo debe respetar parámetros técnicos, sino cumplir requisitos macroeconómicos orientados a familias de categorías C y D en zonas establecidas por el Ministerio de Vivienda. No obstante, la revisión de la Contraloría sugiere que estos beneficios normativos estarían siendo utilizados para construir departamentos cuyo precio final está lejos de ser accesible para estos segmentos.