Martín Vizcarra y Pedro Castillo, próximos a ser condenados: estas son las pruebas que acorralan a los expresidentes

Dos expresidentes vuelven a ocupar la agenda nacional, esta vez no por propuestas políticas ni por aspiraciones electorales, sino por los procesos judiciales que avanzan aceleradamente en su contra. Martín Vizcarra y Pedro Castillo ingresaron a la recta final de sus juicios y, según los recientes alegatos de la Fiscalía, las pruebas reunidas en ambos casos serían suficientes para dictar condenas antes de que termine el 2025. Mientras uno enfrenta acusaciones por presuntas coimas millonarias, el otro es procesado por su rol en el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022.

La última semana marcó un punto de quiebre. El Ministerio Público, en exposiciones que se prolongaron por horas, detalló cada documento, testimonio y pericia incorporada a los expedientes. Los fiscales aseguraron que el material probatorio construido durante años permitiría “enervar la presunción de inocencia” de ambos exmandatarios. Con Vizcarra pendiente de ejercer su defensa final y Castillo a la espera de los alegatos de la sala, las sentencias podrían conocerse en cuestión de días.

El proceso contra Martín Vizcarra está centrado en dos proyectos emblemáticos durante su gestión como gobernador regional: Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el exmandatario habría pactado sobornos por más de S/ 2,3 millones a cambio de favorecer a las constructoras Obrainsa e ICCGSA, ambas involucradas en las adjudicaciones.

Durante los alegatos finales, el fiscal Germán Juárez Atoche ratificó su pedido de 15 años de prisión efectiva y solicitó que, de emitirse una sentencia condenatoria, esta se ejecute de inmediato. La frase que marcó su intervención —“¿De qué vivía el señor Martín Vizcarra? ¡De las coimas!”— sintetizó el tono de su exposición y el peso de los testimonios incorporados.

El caso de Lomas de Ilo gira en torno a un presunto acuerdo del 2% del valor total de la obra. Juárez afirmó que Vizcarra coordinó directamente con Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa, quien declaró que recibió la instrucción de presentar una oferta por debajo de los S/ 81 millones, lo que finalmente permitió a la empresa adjudicarse el proyecto. Testigos y colaboradores eficaces confirmaron la entrega de las presuntas coimas.

Para el Hospital de Moquegua, la Fiscalía sostiene que los pagos ascendieron a S/ 1,3 millones y que fueron canalizados a través de funcionarios cercanos a Vizcarra, entre ellos José Manuel Hernández, quien luego integró su gabinete. Ejecutivos de ICCGSA, como Rafael Granados y Marta Gutiérrez, relataron cómo se realizaron diversas entregas, algunas directamente al propio Vizcarra, incluso en las oficinas de la empresa.

La Fiscalía presentó más de 28 testimonios, registros de llamadas, facturas, cheques y documentos vinculados a los convenios con UNOPS, que habrían sido utilizados para direccionar procesos. Peritos y exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua también declararon en el juicio.

En paralelo, el juicio contra Pedro Castillo avanza con la misma velocidad. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión efectiva por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, todos relacionados al mensaje televisado del 7 de diciembre de 2022 en el que anunció la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El Ministerio Público reunió más de 65 pruebas documentales, pericias forenses y 69 testimonios para reforzar su acusación. El entonces mensaje a la nación —transmitido en vivo— constituye una de las principales evidencias, pero no la única. Para la Fiscalía, ese anuncio no fue improvisado, sino parte de un plan para imponer un gobierno de emergencia y gobernar por decreto.

Uno de los testimonios más relevantes es el del general en retiro Jorge Angulo, quien declaró haber escuchado a Castillo ordenar el cierre del Congreso y la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según su relato, el exmandatario coordinaba las acciones con el entonces comandante general de la PNP, Raúl Alfaro.

La Procuraduría exigió que Castillo pague una reparación civil de S/ 65,4 millones por los daños ocasionados al Estado. “El daño no tiene factura, pero sí consecuencias profundas”, argumentó el representante del Estado, Mario Camacho Lazarte, durante el juicio.

La ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México, también es juzgada como parte de esta causa. Legisladores como Martha Moyano relataron cómo, tras el anuncio, el Parlamento ordenó cerrar las rejas ante el temor de un ingreso de las fuerzas policiales.

Con todas las pruebas ya expuestas, tanto el expediente de Vizcarra como el de Castillo han ingresado a la fase decisiva. Las sentencias, según fuentes judiciales, podrían conocerse en cuestión de días y marcar un nuevo capítulo en la historia reciente de los expresidentes del país.