La ruta del dinero en el caso Martín Vizcarra: así habrían llegado las coimas al expresidente por obras en Moquegua

La acusación fiscal contra Martín Vizcarra se sostiene en una secuencia de comunicaciones, ajustes contractuales y movimientos de fondos registrados entre 2013 y 2014. Para el Ministerio Público, estos hechos conforman un circuito que permitió que representantes de Obrainsa e ICCGSA entregaran sumas clandestinas al entonces gobernador regional de Moquegua a cambio de favorecerlos en dos obras emblemáticas. Las pesquisas incluyen información de colaboradores eficaces, actas institucionales y reportes contables recopilados en los últimos años.

El Equipo Especial Lava Jato afirmó que Vizcarra habría recibido S/ 1 millón de Obrainsa por el proyecto Lomas de Ilo y S/ 1,3 millones de ICCGSA por el Hospital de Moquegua. Esa reconstrucción motivó el pedido de 15 años de prisión y más de S/ 4,6 millones de reparación civil. De acuerdo con La República, los fiscales sostienen que los reajustes económicos, las reuniones en eventos empresariales y los retiros en caja chica reflejan un patrón similar al del denominado Club de la Construcción.

El fiscal Germán Juárez Atoche ratificó la solicitud de 15 años de prisión efectiva para Vizcarra: seis años por presuntos pagos ilegales vinculados a Lomas de Ilo y nueve años por el caso del Hospital de Moquegua. Según su exposición, el exgobernador habría recibido un total de S/ 2,3 millones mediante entregas en efectivo coordinadas desde las áreas comercial y financiera de las constructoras involucradas.

La Procuraduría Pública planteó una reparación civil que supera los S/ 4,6 millones. Detalló que el perjuicio económico para el Estado se habría originado por el direccionamiento de los contratos y los reajustes que, según la Fiscalía, se alinearon con fechas clave de negociación. Además, se pidió que la eventual sentencia se ejecute de inmediato, debido a la presunta capacidad del exmandatario para influir en testigos. Para los fiscales, la solidez de las pruebas justifica este requerimiento.

La secuencia atribuida al caso Lomas de Ilo inicia el 4 de noviembre de 2013, cuando UNOPS solicitó un reajuste a la propuesta económica del consorcio liderado por Obrainsa. Al día siguiente, según los registros presentados en el proceso, Vizcarra contactó a Elard Tejeda, gerente de la firma, para coordinar un encuentro en el que se habría planteado una entrega ilegal. La respuesta de UNOPS llegó el 7 de noviembre con un nuevo monto que luego fue aceptado por la región.

En diciembre de 2013 se produjeron nuevas comunicaciones entre Vizcarra y Tejeda en torno al alquiler de una avioneta y a la firma del contrato, que quedó formalizado el 6 de ese mes. Para la Fiscalía, esta etapa permitió organizar el pago posterior. El 24 de enero de 2014 se registraron llamadas en las que el exgobernador habría pedido un “saldo pendiente”. Ese mismo día, Tejeda dispuso gestiones internas para obtener fondos de caja chica, lo que involucró a personal administrativo como Diego Agurto Albán, María Inés García Arias y Tobías Puertas Gutiérrez. Una trabajadora, Rosa Carmen Ríos Quinteros, declaró haber visto a Vizcarra en las oficinas de la empresa, de acuerdo con lo informado por La República.

Los retiros se concretaron en dos entregas: S/ 400.000 el 27 de enero de 2014 y S/ 600.000 el 4 de abril del mismo año. Para el Ministerio Público, esas sumas estaban destinadas a “MAVC”, iniciales de Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Testimonios de colaboradores eficaces indicaron que las órdenes provenían de la gerencia comercial y que se trataba de un esquema habitual dentro de las prácticas del Club de la Construcción. También se incorporaron cruces telefónicos que ubicaron al exgobernador en contacto con funcionarios de Obrainsa antes y después de los reajustes.

El proceso del Hospital de Moquegua comenzó en septiembre de 2013 con la apertura de ofertas, donde el consorcio relacionado con ICCGSA presentó una propuesta de S/ 126 millones. Según la Fiscalía, el punto clave ocurrió el 27 de noviembre de 2013, cuando UNOPS pidió una reunión que se trasladó al CADE, evento al que asistieron Rafael Granados Cueto, exdirectivo de ICCGSA; José Manuel Hernández, consultor vinculado al sector; y Vizcarra. Al día siguiente, se habría producido la presentación entre Granados y el exgobernador, seguida de una conversación con Hernández, quien actuó como intermediario.

El 29 de noviembre se aprobó un reajuste exprés que redujo el monto a S/ 123,4 millones. Para los fiscales, la rapidez de esta decisión reflejó un acuerdo previo. El contrato se firmó el 18 de diciembre. Paralelamente, se detectaron comunicaciones entre José Javier Jordán Morales y Jorge Armando Iturrizaga, quienes formaban parte del consorcio, sobre la organización de pagos ilegales en dos fases.

En el expediente figuran documentos internos de ICCGSA que reportan gastos extraordinarios y salidas de fondos sin sustento claro. Colaboradores eficaces relataron reuniones en las que se discutió cómo reunir el monto destinado al “gobernador”. La Fiscalía también relacionó estos hechos con las investigaciones del Club de la Construcción, en las que la empresa reconoció prácticas colusorias en distintos proyectos. Para los investigadores, el caso Moquegua reproduce ese mismo patrón: intermediarios, reajustes rápidos, comunicaciones directas y pagos en efectivo.

Los alegatos finales de la defensa se presentarán el jueves 20 de noviembre, cuando también se escuchará la última intervención de Vizcarra. El exmandatario rechaza las imputaciones y sostiene que los colaboradores eficaces elaboraron versiones falsas para reducir sus propias condenas. Además, negó cualquier posibilidad de solicitar asilo diplomático y afirmó que afrontará el proceso.

La lectura de sentencia está prevista para finales de noviembre. El tribunal deberá resolver si los elementos presentados por la Fiscalía constituyen un circuito ilícito que involucró a funcionarios, directivos de constructoras y personal administrativo en la entrega de dinero por las obras de Moquegua.