El Poder Judicial fijó para este 19 de noviembre la audiencia virtual del caso que involucra al expresidente Francisco Sagasti por el retiro de altos mandos de la Policía Nacional durante su gestión de 2020. La diligencia se desarrollará desde las 8:00 de la mañana y forma parte de la investigación preliminar por presunto abuso de autoridad. El exmandatario deberá responder ante el magistrado sobre las resoluciones que permitieron la salida de 18 generales de la institución, decisión que motivó acciones legales desde diversos frentes.
La Procuraduría Pública, que participa en el proceso en calidad de actor civil, solicitó que Sagasti asuma una reparación de S/400 mil en caso se determine responsabilidad penal. El pedido alcanza también a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, quienes formaron parte de las decisiones cuestionadas en el relevo de la cúpula policial. La entidad considera que las medidas adoptadas afectaron la estructura interna de la PNP y vulneraron disposiciones que regulan los ascensos y pases al retiro.
Los cuestionamientos al relevo policial
El caso tiene su origen en noviembre de 2020, cuando el entonces Gobierno dispuso la salida de varios generales para reorganizar el mando policial tras la crisis política de ese periodo. La decisión generó controversia dentro y fuera de la institución, debido a que implicó el retiro de oficiales con amplia trayectoria y modificó el orden de antigüedad que suele regir los cambios en la PNP. Los argumentos oficiales señalaron que se buscaba recomponer la cadena de mando y restablecer la confianza en la institución.
Sin embargo, las resoluciones emitidas por el Ejecutivo fueron cuestionadas por presuntamente no cumplir los criterios establecidos en la normativa interna. Diversos oficiales afectados presentaron recursos legales para denunciar que el pase al retiro carecía de sustento objetivo. Esos reclamos dieron paso a una investigación fiscal que terminó por incluir al expresidente y a los exministros responsables del sector Interior.
La posición de la Procuraduría en el proceso
La Procuraduría ha sostenido que el pase al retiro se realizó sin motivación suficiente y que las decisiones adoptadas por el Gobierno afectaron la estabilidad administrativa dentro de la institución policial. La entidad indicó que el impacto de las medidas amerita una reparación económica que debería ser asumida de manera conjunta por los funcionarios involucrados. Por ello, solicitó al juez que evalúe su pedido durante la audiencia del 19 de noviembre.
En su requerimiento, la Procuraduría también pidió que se ratifique su participación como parte agraviada en el proceso, con el objetivo de sostener su posición durante las siguientes etapas. La institución remarcó que el retiro de los generales generó perjuicios que deben ser materia de análisis judicial para determinar si existió un ejercicio indebido de las facultades presidenciales.
Lo que se definirá en la audiencia virtual
La audiencia de este 19 de noviembre permitirá conocer la postura del despacho judicial frente a los argumentos de las partes. El juez deberá evaluar si corresponde admitir el pedido de reparación civil planteado por la Procuraduría y revisar los elementos presentados para sustentar la imputación por presunto abuso de autoridad. También se dará espacio a las intervenciones de la defensa, que buscará desvirtuar los cuestionamientos y precisar los alcances de las resoluciones emitidas en 2020.
En esta etapa del proceso aún no se determina responsabilidad, pero la decisión que se tome influirá en el desarrollo de la investigación, ya que definirá el rol de las instituciones involucradas y los puntos que serán materia de análisis en las diligencias posteriores. El caso se mantiene en observación debido a su carácter institucional y al impacto que tuvo en la estructura de la Policía Nacional.
Antecedentes y efectos en la PNP
Los cambios realizados en la cúpula policial durante el Gobierno de Sagasti generaron un reordenamiento inmediato en los puestos de comando. Oficiales que se encontraban en líneas de sucesión ascendieron a responsabilidades más altas mientras otros quedaron fuera de la institución de manera abrupta. Ese movimiento interno fue visto como una alteración significativa en la previsibilidad de la carrera policial.
Diversos especialistas en seguridad señalaron que la modificación de la estructura de mandos impactó en el funcionamiento operativo de la PNP durante los meses posteriores. Para los oficiales retirados, la medida no solo afectó su continuidad profesional, sino que también representó una posible vulneración de sus derechos laborales al no recibir una explicación detallada de las razones que motivaron su relevo.
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