Los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) advirtieron que la crisis en los penales del país no solo se refleja en el hacinamiento y el incremento de organizaciones criminales, sino también en el riesgo constante que enfrenta el personal penitenciario. Así lo explicó Ángel Llancari, secretario general del Sindicato de Trabajadores del INPE (SINTRAP), durante una entrevista en la multiplataforma de Exitosa, donde detalló que los agentes vienen sufriendo extorsiones, agresiones cada vez más violentas y condiciones laborales precarias que no han sido atendidas por el Estado.
Llancari señaló que los trabajadores son objeto de seguimiento por parte de redes criminales que logran identificar datos personales, direcciones y contactos familiares, pese a que el personal penitenciario tiene prohibido mantener comunicación con internos o bandas delincuenciales. Según explicó, esta situación los mantiene en permanente riesgo dentro y fuera de su centro laboral.
A ello se suma el cuadro de sueldos congelados desde hace más de 13 años, lo que —según el sindicato— agrava la situación económica de trabajadores que laboran turnos de más de 24 horas y enfrentan a diario agresiones, amenazas y represalias en los penales del país.
Demandas salariales
Durante la entrevista, Llancari explicó que el gremio presentó una plataforma de lucha basada en dos ejes centrales: el reajuste de remuneraciones y el reconocimiento de la bonificación por trabajo de alto riesgo para todos los regímenes laborales del INPE. Este último beneficio, indicó, ya existe para sectores como la Policía Nacional y los bomberos, pero nunca ha sido aplicado al personal penitenciario, pese a que su tarea implica contacto diario con personas privadas de libertad y grupos delictivos de alta peligrosidad.
El sindicato plantea un bono de 1.100 soles mensuales por trabajador, monto que —según sus cálculos— permitiría compensar, en parte, los riesgos y agresiones constantes. Sin embargo, este pedido aún se encuentra en evaluación en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con quien se ha acordado instalar una mesa de trabajo para buscar alternativas de viabilidad.
Además, Llancari recordó que existen compromisos incumplidos por parte del INPE relacionados con beneficios por 25 y 30 años de servicio, los cuales están establecidos por ley, pero no han sido ejecutados pese a fallos judiciales y sanciones contra la institución.
Falta de personal e inseguridad en penales
Uno de los problemas más urgentes señalados por el sindicato es el déficit extremo de agentes penitenciarios. En penales como Lurigancho, donde hay cerca de 9.000 internos, los días de visita pueden ingresar hasta 6.000 personas adicionales. Es decir, alrededor de 15.000 individuos deben ser controlados por apenas 60 agentes por turno.
Para Llancari, esta proporción hace imposible garantizar la seguridad y el control interno, más aún cuando los penales carecen de tecnologías básicas como scanners de cuerpo o de paquetes. Este déficit, afirma, abre espacios para el ingreso de objetos prohibidos, aunque remarca que la mayoría de intervenciones registradas involucran a visitantes y no a personal penitenciario.
También alertó que las agresiones contra agentes se han incrementado en los últimos meses tras la implementación de decretos restrictivos para los internos. Según explicó, las represalias se producen casi a diario y han dejado trabajadores gravemente heridos, incluyendo casos de apuñalamientos y ataques con armas improvisadas dentro de las celdas.
Agresiones, asesinatos y falta de protección
El secretario general del SINTRAP denunció que los trabajadores del sistema penitenciario no solo enfrentan violencia dentro de los penales, sino también en el exterior. En los últimos años, cerca de 22 agentes han sido asesinados fuera de su centro laboral, hechos que —según el gremio— estarían vinculados a represalias o amenazas de organizaciones delictivas.
Llancari insistió en que el Estado mantiene olvidados a los servidores penitenciarios, pese a que cumplen una función clave para el orden interno y la seguridad pública. Por ello, reiteró la urgencia de mejoras salariales, equipamiento tecnológico, incremento de personal y protección efectiva para trabajadores que, sostuvo, “son víctimas por tratar de imponer orden” en un sistema penitenciario cada vez más vulnerable y peligroso.
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