Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

La generación Z convocó una nueva jornada de protesta para este fin de semana, 14 y 15 de noviembre. A diferencia de movilizaciones anteriores, el último viernes por la noche no se registraron disturbios ni enfrentamientos; sin embargo, sí se reportaron abusos por parte de la Policía Nacional. Videos difundidos en redes sociales por personas que acudieron al Centro de Lima para protestar contra el gobierno de José Jerí muestran la fuerte presencia policial en las zonas aledañas al Congreso.

El portal Epicentro TV reportó que varios jirones que conectan con la avenida Abancay fueron cerrados, mientras efectivos policiales custodiaban las esquinas e impedían el paso no solo a manifestantes, sino también a peatones ajenos a la movilización.

En las imágenes difundidas por dicho medio se observa a hombres y mujeres con bolsas de compras, e incluso a una familia con un coche de bebé, detenidos frente a una reja a la espera de que se les permitiera continuar su camino.

Esta situación no es nueva. Durante las primeras manifestaciones contra el gobierno de José Jerí, hace casi un mes, la PNP también bloqueó las salidas hacia la avenida Abancay. Esa decisión, lejos de contener la movilización, terminó agravando el caos y poniendo en riesgo a quienes habían acudido a protestar.

Usuarios en X reportaron que, cuando comenzaron los enfrentamientos y los agentes empezaron a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud, muchas personas no podían evacuar la zona porque todas las calles de acceso estaban cerradas. De hecho, una de las heridas durante la protesta de octubre fue una menor, hija de una comerciante, que ni siquiera participaba en la marcha.

Para este sábado hay una nueva convocatoria, y se espera que la jornada transcurra sin víctimas mortales ni heridos de gravedad. Pese a ello, las autoridades —entre ellas el alcalde de Lima y el presidente del Congreso— reiteraron su respaldo a la PNP en caso de que deba intervenir para contener a personas “violentas” que, según sostienen, podrían infiltrarse en la movilización.

La decisión de declarar intangible la Plaza San Martín justo en el día de la movilización convocada por la generación Z volvió a encender el debate sobre la manera en que las autoridades interpretan —y administran— el derecho a la protesta. Aunque la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sostiene que la medida forma parte de un plan de recuperación del Centro de Lima, su implementación coincide con el aumento del discurso oficial que asocia las marchas con actos de violencia y desorden.

En su anuncio, el alcalde Renzo Reggiardo fue explícito al señalar que “la intangibilidad establece que no se permiten reuniones de carácter político ni movilizaciones que podrían ser presumiblemente violentas”.

La declaración no solo coloca a la protesta ciudadana en una posición de sospecha previa, sino que, además, refuerza la narrativa de que quienes se congregan en este espacio lo hacen con la intención de generar daños. Desde la madrugada del viernes 14, la plaza quedó cercada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, convirtiéndose en un perímetro controlado donde las concentraciones políticas están prohibidas.