El general Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía Nacional (PNP), confirmó este jueves que Lucy Flores Tasaico, grabada en una comisaría de El Agustino mientras rompía un acta policial tras una intervención en flagrancia, presentó una denuncia por maltrato psicológico contra un agente que participó en la intervención del 29 de octubre.
En diálogo con el programa 24 Horas de Panamericana TV, el oficial indicó que la acusación ingresó el 12 de noviembre, trece días después del incidente. “La doctora nos sigue sorprendiendo con sus actitudes. (...) Considero que esto es nuevamente una sorpresa. Para mí, no es otra cosa que ir a buscar pruebas para poder defenderse de lo que había cometido”, declaró.
Añadió que ya entregó los informes del caso al Órgano de Control Interno del Ministerio Público y la Fiscalía Penal de Turno. Al ser consultado sobre la actuación del suboficial implicado, el director de la Defensoría consideró infundada la acusación.
“De acuerdo a lo que hemos visto y los videos que menos mal se han perennizado, esta denuncia es calumniosa inclusive. Ella habla de que tachó las actas, pero lo que hemos visto son actas rotas”, señaló.
Según imágenes difundidas por la televisora, la magistrada rompió el acta después de una intervención por presunta receptación. Los policías grabaron el momento y presentaron el material como evidencia.
Flores Tasaico afirmó que el acta incluía información agregada sin autorización y que no corrigieron los errores señalados. Tras la destrucción del documento, los dos detenidos por tener en su poder 60 faros de vehículos de alta gama quedaron en libertad.
“El fiscal titular se vio obligado a darles libertad porque las actas donde se consignaban vistas fotográficas de las cosas recuperadas en la casa de estas personas fueron desechadas. Ya no se pudo completar la documentación”, dijo el general al respecto.
Anteriormente, indicó que la magistrada enfrentaría cargos por atentado contra las pruebas y encubrimiento real. Por su parte, el abogado José Antonio Palacios, director de La Voz del Policía, precisó que esta conducta figura en el Código Penal y puede derivar en sanciones administrativas y penales.
Opinó que este caso podría establecer un precedente en el Ministerio Público y revelar dificultades que afectan a los policías ante la “necesidad de brindar mayor protección” a los agentes frente a actos que “obstaculizan” su trabajo.
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