Transporte público se convierte en el segundo lugar más inseguro de Lima: afecta bolsillos y expone a miles, según estudio

Continúan los atentados contra empresas de transporte en Lima. El último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirma una tendencia preocupante, el transporte público es hoy el segundo lugar más inseguro de la capital, solo superado por los cajeros automáticos en la vía pública. En 2024, 83% de usuarios declaró sentirse en riesgo al abordar buses, combis o colectivos.

Esta crisis afecta sobre todo a personas de menores recursos, quienes dependen del transporte público para movilizarse. Según el INEI, 76% de los usuarios que viajan en combis o buses pertenecen a sectores vulnerables que no tienen otra alternativa de desplazamiento. En paralelo, los índices de extorsión han presionado al alza las tarifas. El pasaje urbano en Lima subió 2,5% en septiembre de 2025, pese a que los combustibles bajaron en lo que va del año.

Ante el incremento de ataques y extorsiones, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) adelantó que viene reajustando la normativa para exigir más cámaras en buses y en puntos estratégicos de ingreso y salida.

David Hernández, presidente de la ATU, explicó que el Ministerio del Interior aprobó nuevas directivas sobre la cantidad mínima de cámaras.

“Se requiere cámaras en puertas y en el interior; ya son tres. Lo licitado eran dos. En cumplimiento de esas normas se está reajustando el modelo”, aseguró Hernández.

Sin embargo, especialistas advierten que solo colocar cámaras no es suficiente. Roberto Vélez, presidente de la Asociación a Movernos, recordó que estas deben ser monitoreadas para las más de dieciseis mil unidades vehículos de transporte público. “Es importante que se pueda implementar estas cámaras, siempre y cuando exista una unidad que las gestione, porque de lo contrario, de nada serviría”, aclaró.

Para el presidente de la Asociación Automotriz del Perú, Carsten Kunkel, la migración hacia un sistema electrónico podría reducir la extorsión y los asaltos dirigidos a conductores y cobradores.

“La recaudación que no es electrónica incentiva el asalto y la extorsión. Hay que migrarla a un sistema digital”, afirmó.

Kunkel también indicó que una reducción de la informalidad, especialmente combis sin autorización, permitiría una respuesta policial más rápida, mejor control de rutas y menor exposición a delitos.

Según el INEI, la delincuencia es el principal problema del país para el 64% de ciudadanos, su nivel más alto desde 2016. La expansión del crimen organizado ha impactado directamente al transporte urbano, convertido en una de las principales víctimas de extorsión en la capital.

En los segmentos de mayores ingresos, el impacto es menor: casi la mitad del NSE A se moviliza en auto propio, lo que evidencia la desigualdad en los riesgos de desplazamiento. Mientras tanto, empresas formales de transporte reportan que la inseguridad ha elevado costos operativos y forzado incrementos tarifarios.

Aunque el Gobierno ha anunciado nuevas medidas, especialistas advierten que, sin una intervención sostenida y articulada entre la Policía, ATU y gobiernos locales, la inseguridad en buses y combis seguirá siendo un punto crítico para millones de limeños.