¿Qué cocina el Congreso? Nueva ley obliga a familias que antes pagaban 300 soles por tener gas natural en casa a pagar casi 2.500

Un nuevo proyecto del Congreso de la República podría cambiar para siempre el esquema del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y dejar fuera de la masificación del gas natural de Camisea a miles de familias, especialmente en siete regiones donde el servicio está por aperturarse.

El impacto recaería, además, sobre el sector de empresas instaladoras de este servicio, rama ya golpeada por la falta de inversión y al borde de la desaparición a nivel nacional.

El proyecto de ley N.º 09268/2024-CR, presentado por Paul Gutiérrez Icona (Bloque Magisterial) y listo para ser debatido por el Pleno del Congreso, plantea restringir los subsidios del FISE únicamente a los hogares clasificados como pobres o en pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Esto dejaría sin subsidio estatal a los hogares de los estratos 1, 2 y 3 que no figuran formalmente en el registro, así como a miles de comerciantes, micro y pequeñas empresas y transportistas que actualmente acceden a conexiones o conversiones subvencionadas.

El recorte afectaría de forma crítica a regiones como Ayacucho, Ica, Puno, Cusco, Junín, Huancavelica, Andahuaylas y Ucayali, que estaban próximas a integrarse a la red de distribución de gas natural. También se verían alcanzadas zonas del norte del país, desde Áncash, Trujillo y Cajamarca hasta Piura y Tumbes, y el sur, donde el servicio avanza en Arequipa, Moquegua y Tacna.

La dimensión económica del cambio es determinante. Según la Asociación Nacional de Empresas Instaladoras de Gas Natural y GLP del Perú, hasta ahora, el usuario de estrato 2 podía pagar alrededor de 333 soles por una conexión doméstica gracias al subsidio, que incluía medidor, regulador y parte de la instalación.

Si la iniciativa se convierte en ley, explica el ingeniero, ese mismo hogar tendría que abonar hasta 2.280 soles como precio referencial sólo para la conexión básica (un punto de gas), monto que se incrementa según las características de la vivienda. Para el gremio, el ajuste podría ser también letal para su actividad. La Asociación señala que, actualmente, existen alrededor de 480 empresas instaladoras en el país, cuando en años anteriores llegaban a superar el medio millar.

El presidente de la asociación, Juan Fernández, alertó a Infobae Perú que las empresas ya sufren por la paralización de nuevas redes y licitaciones, y advirtió que “de avanzar la ley, cientos quedarán sin mercado y miles de trabajadores perderán su empleo”.

Fernández afirma que la propuesta legislativa favorecería al GLP (Gas Licuado de Petróleo) al mantener el Vale FISE como subsidio exclusivo para este energético, en perjuicio de la masificación del gas natural por red. “Al aprobarse este tipo de propuestas, la masificación del gas natural se detiene, porque se prioriza el subsidio del Vale FISEpara el GLP”, cerciora.

Esta situación genera una desventaja estructural para las regiones con proyectos de gas natural y facilita que el GLP permanezca como la única opción subsidiada en zonas donde existen instalaciones por ducto o están próximas a implementarse, explicó. De esta manera, el Congreso no solo frena la expansión del gas natural, sino que retira el impulso a nuevas redes, ya que el Estado terminaría “favoreciendo de manera visible al GLP”.

“El FISE logró conectar a millones de peruanos, incluidos comerciantes y transportistas. Con los nuevos criterios, solo las familias del padrón SISFOH seguirán accediendo a los subsidios”, dijo Fernández.

Actualmente, de acuerdo con la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), más de 8 millones de personas han sido conectadas al gas natural mediante el FISE y se promovieron 300.000 conversiones vehiculares. Además, unos 30.000 comercios accedieron a tarifas subvencionadas. De aprobarse el proyecto, no solo los hogares sino también el sector transporte y la pequeña empresa perderían acceso a los beneficios.

El proyecto, aprobado por mayoría en la Comisión de Energía y Minas, aguarda su revisión en el Pleno del Congreso. Diversos gremios y asociaciones dirigieron quejas técnicas al Ejecutivo y al Parlamento. “No se ha analizado el daño que provocará. Pedimos que la discusión se abra a especialistas, concesionarias y asociaciones con experiencia en la operación y expansión del gas”, alerto Fernández.

Además, provincias del norte chico en Lima, como Chancay, Huacho y Huaral, también quedarán en la incertidumbre por falta de proyectos, mientras empresas y trabajadores asisten a la amenaza concreta de suspensión de subsidios que sostienen sus actividades.