Intoxicación de escolares en Huánuco impulsa al Midis a revisar proveedores y reforzar la supervisión del programa alimentario escolar

En el centro poblado La Esperanza, en el distrito huanuqueño de Amarilis, la mañana escolar terminó convertida en una escena de preocupación. En la I.E. Javier Pulgar Vidal, un grupo de estudiantes empezó a sentir náuseas y dolores abdominales luego de consumir los alimentos distribuidos por el programa Wasi Mikuna. La alarma llevó a docentes y familiares a buscar ayuda inmediata ante el malestar simultáneo de varios niños.

El traslado al Hospital de Contingencia permitió que todos recibieran atención oportuna. La Dirección Regional de Salud informó que los menores completaron un proceso de estabilización y salieron con indicación de observación en casa. El Centro de Salud de La Esperanza precisó que el personal actuó con rapidez y mantuvo a los escolares bajo vigilancia por más de dos horas antes del alta.

Las autoridades regionales de salud acudieron al establecimiento para verificar el estado de los afectados y disponer un seguimiento clínico. Mientras tanto, el área de Salud Ambiental inició una intervención en la planta y el almacén donde se procesaban los alimentos entregados a la institución educativa. La presencia del Ministerio Público permitió recoger muestras para los análisis que definirán el origen de la intoxicación.

Los equipos técnicos de la DIRESA inspeccionaron los ambientes vinculados a la producción de los alimentos, con la participación de un representante de la Fiscalía de Prevención del Delito. Las muestras tomadas ingresaron al laboratorio para su evaluación. El Ministerio Público busca precisar si existió alguna falla en el proceso de manipulación o almacenamiento.

Según el reporte médico, de aproximadamente 500 escolares que recibieron la ración, solo 16 mostraron síntomas. Sin embargo, el Midis indicó que la cifra obliga a reforzar la vigilancia. La ministra reafirmó su decisión de impulsar una reforma del programa y recordó que su gestión trabaja para que los estudiantes reciban alimentos seguros y nutritivos. En su mensaje señaló que “no le temblará la mano para cambiar lo heredado por gestiones anteriores”.

Desde Huánuco, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, detalló las acciones que impulsará tras el episodio. Indicó que decidió priorizar la protección de 4.2 millones de escolares en el país. “Desde que me dieron la responsabilidad de ser ministra del Midis, accioné y decidí priorizar la seguridad alimentaria de los escolares, reuniéndome con las principales autoridades que tienen que ver con la fiscalización”, expresó.

Como parte de esta estrategia, sostuvo encuentros con la Fiscalía de la Nación y la Contraloría para asegurar la intervención conjunta en la supervisión de los productos que llegan a más de 67 mil instituciones educativas. Agregó que estableció reuniones con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, Perú Compras y la OECE con el fin de transparentar las convocatorias y los procesos de adquisición de alimentos.

Durante su participación en el IX Consejo de Estado Regional, la ministra insistió en que aplicará medidas estrictas frente a los proveedores que incumplan estándares de calidad. Afirmó que no dudará en retirarlos del programa si se determina alguna irregularidad. También ordenó la actuación inmediata de la Fiscalía Provincial para asegurar que las investigaciones avancen sin retrasos y permitan definir responsabilidades.

El Midis aseguró que reforzará la supervisión de las raciones, tanto en la etapa de producción como en la distribución, con acompañamiento permanente de la Contraloría y el Ministerio Público. La ministra reiteró que estas acciones buscan garantizar alimentos adecuados para la población escolar y prevenir situaciones similares en cualquier región del país.

La investigación sobre el origen de la intoxicación continúa. Las autoridades remarcaron que los análisis de laboratorio serán claves para definir los pasos siguientes. Mientras tanto, las medidas anunciadas desde el sector buscan evitar nuevos episodios y responder a la preocupación de las familias que dependen del servicio alimentario público para la nutrición diaria de sus hijos.