El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental (IRESA 2025), una herramienta que evalúa el desempeño de las regiones en la gestión de recursos naturales y su capacidad para afrontar los desafíos ambientales.
El índice analiza 14 indicadores agrupados en dos pilares: (i) Calidad Ambiental y (ii) Gobernanza Ambiental y Gestión de Riesgos. Un mejor desempeño refleja una gestión más eficiente de los recursos naturales, lo que fortalece la competitividad regional, impulsa el crecimiento económico y promueve la sostenibilidad.
Resultado global
En la edición 2025, Cusco ocupó el puesto 8 de 25 regiones, un avance de dos posiciones respecto de 2024 y un retorno al nivel de 2019. Este progreso responde principalmente a mejoras en el pilar de gobernanza ambiental, como una mayor ejecución del presupuesto para prevención de desastres, menor conflictividad socioambiental y reducción de vivienda informal.
Rezago en la mejora de la Calidad Ambiental
En Calidad Ambiental, Cusco mantuvo el séptimo puesto, la misma posición que en 2019 y 2024. Esto se debe a que la región mantuvo su posición en cinco de los siete indicadores, retrocedió en uno y mejoró solo en uno, reflejando avances limitados frente a otras regiones.
Entre los rezagos, destaca el aumento en la generación de residuos sólidos por cada mil soles de producción, de 5.8 a 6 kilogramos, lo que refleja una mayor creación de desperdicios en los procesos productivos. Ello provocó un retroceso de dos posiciones en este indicador, del quinto al séptimo. Además, el 23.8% de los ecosistemas de Cusco se encuentran degradados, por encima del promedio nacional (16.6%). Asimismo, registra la octava peor calidad de aire del país, con una concentración de 26.0 microgramos por metro cúbico de PM2.5, superior al estándar de calidad ambiental de Perú (25).
Pese a ello, la región registró avance en el uso de energías limpias para cocinar (gas natural, GLP o electricidad), que aumentó de 86.1% a 89.6% de hogares, permitiendo mejorar una posición en este indicador.
Avances significativos en gobernanza
La Gobernanza Ambiental y Gestión de Riesgos registró un avance significativo. Cusco alcanzó el puesto 10, tras subir diez puestos respecto de 2024, impulsado por mejoras en cinco de los siete indicadores del pilar.
Destaca la mayor ejecución del presupuesto de prevención y reducción de desastres, que aumentó de 83.4% a 93.1%, permitiendo que la región pase del puesto 14 al 5 en este indicador. Asimismo, la reducción de conflictos socioambientales —de 0.8 a 0.5 por cada 100 mil habitantes, 36.7% menos que en 2024—, permitió a Cusco avanzar tres posiciones en este indicador, aunque la cifra sigue siendo más del doble del promedio nacional (0.24).
No obstante, persisten desafíos socioambientales. Cusco es la quinta región con mayor pérdida de hectáreas por incendios forestales (1% de su superficie), más del doble del promedio nacional (0.4%). Además, las denuncias por minería ilegal por cada 10 mil habitantes aumentaron de 0.35 a 0.45, un incremento de 38% frente a 2024, por encima del registrado en promedio en la macrorregión sur (18.3%).
Este panorama se agravó en 2025. A setiembre, Cusco registró un aumento de 44% en las denuncias por minería ilegal respecto del mismo periodo de 2024. El incremento fue mayor en Chumbivilcas, provincia fronteriza con Apurímac –cuarta región con más denuncias en 2024–, que concentra casi la mitad de los casos en la región.
Recomendaciones
Combatir la degradación ambiental y pérdida por incendios requiere fortalecer el rol de fiscalización ambiental de los gobiernos subnacionales y la promoción de la inversión que aseguren sostenibilidad. Asimismo, combatir la minería ilegal requiere una estrategia integral: mecanismos de prevención, gobernanza transfronteriza, sistemas de alerta temprana y políticas de trazabilidad del mineral. Además, se debe impulsar la renovación del parque automotor y ampliar el acceso a energías limpias, como el gas natural, para mejorar la calidad del aire. Finalmente, consolidar los avances en la reducción de vivienda informal requiere implementar planes de desarrollo urbano y cerrar brechas de servicios básicos mediante inversión en infraestructura resiliente, priorizando mecanismos de colaboración público-privada como APP y OxI.
*Elaborado por Stephani Maita, economista senior del IPE, con la colaboración de Sandro Sotacuro.
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