El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró improcedente la huelga nacional indefinida convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP), que estaba prevista para iniciar el 13 de noviembre. La decisión fue oficializada mediante dos resoluciones emitidas a fines de octubre y la segunda semana de noviembre, tras evaluar que la medida no cumplía con los requisitos legales.
La protesta sindical buscaba visibilizar reclamos laborales postergados por años, pero el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) exhortaron al personal a continuar con sus funciones, recordando que el país se encuentra bajo estado de emergencia y que la labor penitenciaria resulta clave para mantener la seguridad en los establecimientos penales.
Ministerio de Trabajo rechaza medida sindical del SINTRAP
El Ministerio de Trabajo declaró improcedente la huelga promovida por el SINTRAP. Posteriormente, mediante la Resolución N.º 0167-2025-MTPE/2/14, del 10 de noviembre, la entidad rechazó el recurso de reconsideración presentado por el gremio, ratificando la decisión inicial.
El comunicado del INPE precisó que la medida sindical fue evaluada en base a la normativa vigente, la cual exige determinadas condiciones para declarar procedente una paralización de actividades en el sector público. El pronunciamiento oficial también recordó que los trabajadores penitenciarios deben cumplir funciones esenciales que no pueden ser interrumpidas, especialmente las relacionadas con la custodia y vigilancia de internos.
Estado de emergencia y continuidad de las funciones penitenciarias
El Decreto Supremo estableció disposiciones complementarias dentro del marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, extendiendo sus alcances al sistema penitenciario nacional. El documento ordena la participación activa del personal del INPE en tareas vinculadas a la seguridad interna y externa de los penales, con el fin de garantizar el orden público.
En ese contexto, el INPE subrayó que resulta imprescindible mantener la operatividad del sistema penitenciario en todo el país. Por ello, la institución llamó a sus trabajadores a mostrar compromiso y responsabilidad ante la coyuntura, destacando que su labor es fundamental para preservar la seguridad ciudadana. También remarcó que otras organizaciones sindicales, como el SINSECA y el SINTPE, manifestaron su desacuerdo con la paralización anunciada por el SINTRAP.
Reclamos y demandas del sindicato penitenciario
El secretario general del SINTRAP, Ángel Yancari, explicó que la huelga nacional indefinida respondía a un pliego de reclamos que incluye el incremento de la remuneración básica, la creación de una bonificación por trabajo de alto riesgo, la actualización de la bonificación de seguridad y vigilancia establecida en la Ley 29709, y el cumplimiento de sentencias judiciales sobre el pago de beneficios sociales.
Según el dirigente, los sueldos del personal penitenciario se mantienen congelados desde hace más de trece años, pese a que la ley del servidor penitenciario reconoce la naturaleza riesgosa de sus labores. Además, señaló que existe un déficit de personal que sobrecarga las funciones del sistema y afecta la seguridad en los penales. El sindicato había manifestado su disposición al diálogo si observaba avances concretos por parte del Estado.
INPE reafirma compromiso con sus trabajadores
En su pronunciamiento del 12 de noviembre, el INPE reafirmó su compromiso con los servidores penitenciarios y aseguró que viene gestionando ante el Congreso de la República mejoras laborales y presupuestales. La entidad indicó que mantiene una comunicación constante con las dirigencias sindicales para fortalecer relaciones laborales armoniosas y atender las necesidades del personal.
El comunicado oficial cerró señalando que el trabajo penitenciario cumple un rol esencial en el sistema de justicia, por lo que las labores deben mantenerse con normalidad. También se destacó que la institución continuará impulsando mecanismos de diálogo con los representantes de los trabajadores para buscar soluciones dentro del marco legal y sin afectar la estabilidad de los establecimientos penitenciarios.
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