El Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a su paso como jefe militar de la base de Madre Mía en el Alto Huallaga durante la década de 1990. La disposición, emitida por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima Centro el pasado 24 de septiembre, alcanza a otros cuatro exmilitares, incluyendo al exsuboficial Amílcar Gómez.
La investigación preliminar se centra en acusaciones de homicidio calificado —incluidos los asesinatos de Edgardo Isla Pérez y Némer Acuña Silva— y desaparición forzada que habría recaído en al menos cuatro personas: Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Goyo Sagástegui, Hermes Estela Vázquez y Yandel Leandro Zúñiga.
Según la Fiscalía, ambos delitos estarían enmarcados en el contexto de crímenes de lesa humanidad. El titular del despacho, informó RPP, notificó la decisión al juez Jorge Chávez Tamariz, quien precisó que el representante del Ministerio Público fijó un plazo de ocho meses tras declarar “compleja” esta investigación preparatoria que tendrá como fecha de vencimiento el 24 de mayo del 2026. Asimismo, dispuso registrar a los investigados en el Registro Nacional de Procesados por delito de Desaparición Forzada e impuso comparecencia simple para los investigados, dado que la Fiscalía no solicitó medidas coercitivas personales.
El caso Madre Mía ya había sido objeto de archivo en 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia determinó el sobreseimiento del proceso penal abierto contra Ollanta Humala, al no encontrar mérito para un juicio oral. Esta nueva investigación revisita hechos que, a lo largo de casi dos décadas, han sido reiteradamente denunciados por familiares de víctimas, exsoldados y distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Detalles del caso Madre Mía
En la región de Alto Huallaga, el conflicto armado entre las fuerzas del Estado y grupos subversivos como Sendero Luminoso y el Movimento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) produjo desde 1980 hasta el 2000 alrededor de 3.725 denuncias de muertes y desapariciones, gran parte atribuidas a efectivos del ejército, de acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Numerosos testimonios recogidos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Comisión revelan que el cuartel Los Laureles y bases asociadas como Madre Mía se utilizaron habitualmente para detención, interrogatorio bajo tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
El informe de la CNDDHH, publicado el 2009, detalla que Ollanta Humala, bajo el seudónimo “capitán Carlos”, admitió haber sido jefe de la base en al menos dos periodos de 1992. Diversos testigos, tanto familiares de personas desaparecidas como exsoldados, vincularon directamente a Humala en la cadena de mando de las operaciones militares que derivaron en violaciones a los derechos humanos —como detenciones sin registro, torturas y ejecuciones—. En uno de los episodios más documentados, se acusa al entonces capitán y su tropa de la desaparición de Natividad Ávila y Benigno Sullca en junio de 1992 en el caserío de Pucayacu, así como la tortura sufrida por Jorge Ávila, quien logró escapar.
Según la CNDDHH, existen al menos once denuncias directas contra Humala en el periodo en cuestión, que incluyen desapariciones, ejecuciones y torturas bajo su comando en Madre Mía.
Actualmente, Ollanta Humala cumple una sentencia en el penal Barbadillo de Ate desde el 15 de abril, con 15 años de prisión por lavado de activos en agravio del Estado, relacionados a presuntos aportes ilegales en sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
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