Nadine Heredia pide bloquear su extradición desde Brasil, el arresto internacional y anular pruebas del caso Odebrecht

La exprimera dama argumentó ante la justicia brasileña que aceptar estas solicitudes equivaldría a “continuar con un proceso penal basado en pruebas ilícitas” y “poco fiable”

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La exprimera dama peruana Nadine
La exprimera dama peruana Nadine Heredia, asilada en Brasil desde abril, pidió al STF que impida cualquier trámite de extradición, traslado de condena o arresto internacional solicitado por Perú

La exprimera dama Nadine Heredia, condenada a quince años de prisión y asilada desde abril en Brasil, solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) que impida la tramitación de las peticiones de extradición, el traslado de su condena penal a territorio brasileño o la ejecución de cualquier orden de arresto internacional o restricción de su libertad.

De acuerdo con extractos de la resolución citados en un informe difundido este jueves por el portal brasileño G1, Heredia sostuvo ante la Corte que cualquier cooperación judicial con Perú equivaldría “a cooperar con la continuación de un proceso penal basado en pruebas ilícitas, porque es indiscutiblemente poco fiable, como ya lo ha reconocido este Supremo Tribunal”.

El pedido aún no cuenta con juez ponente, siempre según el informe. La esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), también sentenciado, pidió además que el STF anule la validez de las pruebas y los testimonios de exdirectivos de la constructora Odebrecht empleados por la justicia peruana.

Su abogado en Brasil, Marco Aurélio de Carvalho, afirmó que Heredia padece cáncer y recordó que en el pasado ya había requerido autorización para viajar a ese país con el fin de recibir tratamiento, solicitud que fue rechazada.

Heredia sostiene que colaborar judicialmente
Heredia sostiene que colaborar judicialmente con Perú implicaría apoyar un proceso basado en pruebas ilícitas e inválidas

La exprimera dama, condenada por corrupción y lavado de dinero en campañas electorales vinculadas a Odebrecht y a aportes ilícitos del fallecido Hugo Chávez, arribó a Brasilia amparada por el asilo diplomático otorgado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Llegó acompañada de su hijo Samir, quien también recibió protección diplomática.

Humala, en cambio, fue arrestado el mismo día de la lectura anticipada del fallo y recluido en el penal limeño de Barbadillo, donde cumplen condena los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Castillo; el primero por casos relacionados con Odebrecht y el segundo por intentar disolver el Congreso en 2022.

La defensa sostiene que el proceso presenta irregularidades y que los fiscales peruanos aplicaron los mismos métodos cuestionados de la Operación Lava Jato en Brasil.

Por presuntos actos de corrupción ligados a la constructora brasileña, el propio Lula fue condenado y pasó 580 días en prisión, tras un juicio que la Corte Suprema de Brasil anuló posteriormente por diversas irregularidades procesales.

Fuente: Domingo Al Día

Heredia fue vista a fines de abril con su hijo menor en el centro comercial Shopping Cidade de São Paulo. Su abogado confirmó que a Perú21 que compró ropa, medicinas y alimentos tras llegar a ese país solo con maletas.

El letrado, vinculado a Lula y fundador del grupo Prerrogativas, aseguró que no cobra honorarios y que la exprimera dama vive en un departamento financiado por ese colectivo jurídico.

Según el diario, Heredia vive en Jardim Paulista, a pocos kilómetros del centro comercial. Su defensa primero afirmó que la Cancillería de Brasil gestionaba su alojamiento y cubría sus gastos, aunque el canciller Mauro Vieira precisó posteriormente que solo se pagó el traslado desde Lima.

Panorama

El pedido de la ex primera dama se hizo público en la misma semana en que México otorgó asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra acusada por el intento de autogolpe de Pedro Castillo.

Ante esta situación, el Gobierno peruano anunció que propondrá a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) modificar la Convención de Caracas de 1954, por considerar distorsionado el derecho al asilo, mientras el salvoconducto necesario sigue pendiente.

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