Doe Run Perú: Consultores A1 pierde definitivamente su registro e Indecopi decidirá este miércoles al séptimo liquidador de La Oroya

La liquidación de Doe Run Perú (DRP), uno de los procesos concursales más prolongados y emblemáticos del país, se encuentra en una etapa decisiva. Consultores A-1 ha perdido de modo definitivo su registro ante Indecopi, lo que sella su salida de la administración, a pocos días de que la autoridad convocara a una nueva Junta de Acreedores para definir al próximo liquidador.

La decisión se tomará este miércoles 12 de noviembre, en un entorno marcado por disputas internas y presiones de los principales acreedores.

Según pudo corroborar Infobae Perú, Consultores A-1 quedó excluida del Registro de Entidades Liquidadoras tras reiterados impagos de multas impuestas por Indecopi. El organismo emitió la resolución n.º 8110-2025/CCO-INDECOPI que deja sin efecto la habilitación de la firma -que ya había sido apartada del proceso, pero pugnaba por reincorporarse-, encargando a la Junta de Acreedores la designación urgente de un reemplazo. Scotiabank mantiene bajo resguardo un fideicomiso de 20 millones de dólares, fondo central para saldar las deudas derivadas de la quiebra de la mina de La Oroya hace ya más de 14 años.

El proceso enfrenta posturas opuestas. La masa de acreencias laborales suma más de 151 millones de soles, mientras el segmento comercial, encabezado por Depósitos Químicos Mineros (DQM), propiedad de la noruega Odfjell Terminals y otros proveedores, reclama 55 millones de soles adicionales. A ese monto se añaden obligaciones tributarias superiores a 52 millones de soles y deudas con las administradoras de fondos de pensión.

Scotiabank no puede liberar los fondos del fideicomiso sin acuerdo entre los principales acreedores y bajo la directriz del liquidador designado. Según los trabajadores, la ley concursal peruana marca la prelación: las deudas laborales van primero, seguidas por las comerciales y tributarias, regla que ha sido fuente de los principales desencuentros. Hasta ahora, únicamente los exoperarios han recibido parte de los pagos tras la dación en pago del Complejo Metalúrgico y la venta de la mina Cobriza, operaciones gestionadas por las empresas liquidadoras previas. Sin embargo, la deuda aún no está saldada y miles siguen en espera.

La pugna ha escalado luego de que DQM, respaldada por un laudo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), exigiera el pago preferente de una deuda de más de 16 millones de dólares por servicios de almacenamiento de ácido sulfúrico. Si se paga a los extrabajadores primero, no quedarán recursos para la noruega, y viceversa. Tanto DQM como acreedores laborales no alineados han solicitado auditorías sobre la historia de la liquidación y mesas técnicas en el Congreso para inspeccionar irregularidades en 2022 y 2025.

A la fecha, Doe Run Perú ha tenido seis liquidadores: Right Business, Profit, Dirige, Carrizales, Alta Sierra y Consultores A-1. Este último recibió múltiples sanciones de Indecopi, incluso la suspensión de su registro en dos ocasiones: diciembre de 2024 y octubre de 2025, basadas en impagos tributarios y falta de cumplimiento de la normativa. Usualmente, los trabajadores han bloqueado los convenios de liquidación cuando el liquidador no les era afín, trabando el desembolso. El actual proceso lleva hacia la posible designación del séptimo.

El conflicto institucional suma un elemento político a la controversia: OEFA, SUNAT y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) han votado históricamente en favor de los trabajadores en la Junta de Acreedores, mientras Indecopi cuestionó esa línea al llevar la designación a la “bolsa de liquidaciones”. La falta de coordinación entre entidades estatales ha impedido cerrar un proceso al que se suman los reclamos de perjudicados directos, como los deudos de extrabajadores que nunca recibieron su pago.

A escala interna, los acreedores laborales mantienen divisiones. Una facción acusa a los representantes reconocidos por el Ministerio de Trabajo y asesorados por Consultores A1 de no haber surgido de un mecanismo democrático y de priorizar intereses particulares. Paralelamente, estos acreedores, que se cuentan por más de 3.500 -un número cuestionado por DQM, al no sostenerse sobre planillones públicos- defienden que son los únicos autorizados por ley para ejercer voto y voz en la Junta.

Según los críticos de Consultores A1, existen ahora estrategias desde los trabajadores orientadas a influir en la designación de futuros liquidadores presentando candidatos con vínculos comerciales a la gestión saliente, del abogado Richard Almerco. La cita decisiva está programada para el miércoles 12 de noviembre, luego de que la primera convocatoria del viernes 7 no alcanzara quórum.

La convocatoria para este miércoles incluye tres puntos en la agenda: la remoción o ratificación del liquidador saliente -Consultores A1 debe entregar las cuentas antes de ser borrada del mapa-, la votación de un nuevo liquidador y la aprobación del convenio que habilita el reparto de recursos, por lo que todo podría resolverse el mismo día, de alcanzarse el quórum y los votos.

Por último, la designación de un posible liquidador afín a una de las partes cobra relevancia porque de los 20 millones de dólares que mantiene Scotiabank bajo fideicomiso, no todo se distribuye entre los acreedores. Parte de ese monto se descuenta como comisión para el liquidador, quien también cobra un bonus adicional si logra la venta de activos o el cierre exitoso del proceso.