Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

El lunes 3 de noviembre, México le concedió asilo diplomático a Betsy Chávez, la expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Hildebrandt en sus trece ha develado que la exparlamentaria y su equipo legal ya había concluido hace un mes que la única alternativa era recurrir a esta medida.

De acuerdo con sus abogados, la decisión fue “conversada y trabajada”, y respondió a la convicción de que se avecinaba una condena, a pesar de que la sentencia judicial todavía no ha sido leída. “Estoy seguro de que la iban a condenar, y eso confirma que Betsy Chávez ha hecho lo correcto”, sostuvo su abogado Raúl Noblecilla al medio.

Hasta el momento, el juicio contra Betsy Chávez y del expresidente Pedro Castillo sigue abierto, con una solicitud de 25 años de prisión para la ex primera ministra y 34 años para el exmandatario, ambos acusados de rebelión tras los sucesos del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Según la defensa de Chávez, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema imprimió un ritmo inusual al juzgamiento, acelerando las audiencias hasta llegar a la fase final de alegatos. Para los abogados, este apuro constituyó una señal clara de que el fallo estaba muy próximo. Es en ese escenario que la búsqueda de refugio centró todos los esfuerzos en México.

El país norteamericano figura en la tradición regional de asilo y ya había acogido en 2022 a Lilia Paredes, esposa de Castillo, durante la crisis por la destitución presidencial.

En años recientes, la nación liderada por Claudia Sheinbaum también dio asilo a figuras como Evo Morales y Jorge Glas, exjefes de Estado de Bolivia y Ecuador, respectivamente.

El vínculo bilateral entre México y Perú se tensó precisamente a raíz de aquella coyuntura: el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador negó reconocimiento al gobierno de Dina Boluarte y extendió protección a la familia del expresidente Castillo.

Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, México sostuvo la misma postura. La presidenta mexicana invitó en 2024 a Lilia Paredes a su ceremonia de investidura, acto al que Boluarte no fue convocada. En agosto de 2025, Sheinbaum recibió en el Palacio Nacional al abogado argentino Guido Croxatto, defensor de Pedro Castillo.

“Sabemos que su situación no solo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región. La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, expresó la política de Morena en ese momento.

Las gestiones para el asilo de Betsy Chávez se efectuaron en paralelo en Lima y Ciudad de México. En la capital peruana, su defensa mantuvo contacto con la encargada de negocios de la embajada mexicana, Karla Ornelas.

Simultáneamente, el congresista Roberto Sánchez, exministro de Castillo, viajó a México entre el 8 y el 10 de octubre, según distintas fuentes de Hildebrandt en sus trece, para gestionar que Lilia Paredes intercediera ante Sheinbaum por la expremier. La cercanía entre Chávez y Paredes fue un factor relevante, menciona el medio, ya que la esposa de Castillo la consideró una de las colaboradoras más leales durante el turbulento periodo de 2021-2022.

El 21 de octubre, la defensa intentó aplazar el proceso con un descanso médico, firmado por el doctor Julio César Chávez Rivera de la Clínica Chorrillos y presentado por Raúl Noblecilla. La Sala Penal Especial detectó incongruencias al advertir que el certificado llevaba el logotipo del Ministerio de Salud, lo cual levantó sospechas.

El tribunal decidió expulsar al abogado y lo suspendió por dos meses por “faltas de respeto reiteradas, maniobras dilatorias y la presentación del certificado médico cuestionado”. Para entonces, Chávez ya había dejado de asistir a las audiencias y la fiscal Zoraida Ávalos había solicitado que se le prohibiera salir del país y acercarse a sedes diplomáticas.

La ausencia de la expremier motivó que el tribunal se preparara para ordenar a la Policía su ubicación y captura. Sin embargo, el lunes 3 de noviembre, el canciller Hugo de Zela confirmó en conferencia:“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”.

Ese mismo día, la Cancillería anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México. El gobierno mexicano replicó en un comunicado que consideraba la medida peruana “excesiva y desproporcionada”, defendiendo el asilo concedido como un “acto legítimo y apegado al derecho internacional”.

Además, aseguró que Chávez “ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023”.

Desde Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum reiteró en conferencia de prensa que la detención de Castillo implicó motivos “políticos” y de “discriminación”.

El presidente José Jerí enfatizó, en declaraciones a CNN en la CADE Ejecutivo 2025, que la eventual entrega del salvoconducto dependerá de “información técnica y acuerdos internacionales”. El canciller de Zela pidió un informe para determinar la aplicación de la Convención de Caracas de 1954 al caso de Chávez.

Fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso de Hildebrandt en sus trece sostienen oposición al salvoconducto, mientras tanto, el abogado Noblecilla declaró: “El gobierno se va a resistir. Así que Betsy Chávez seguirá dentro de la residencia mexicana todo el tiempo que sea posible”.

Por el momento, la gestión de José Jerí ha decidido no dar una respuesta al pedido de salvoconducto, sino consultar a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) si se debe hacer cambios en la Convención de Asilo Diplomático de 1945.