Asilo de Betssy Chávez en suspenso: Gobierno de Perú pone en espera el salvoconducto para que viaje a México

Cuando se esperaba que el gobierno de Perú tomaría una decisión sobre brindarle o no el salvoconducto a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, a través de un comunicado dejó en claro que todo será en espera. Por lo que, por el momento, no podrá viajar a México, país que le otorgó asilo diplomático. La excongresista permanecerá en la embajada de país extranjero en Lima.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que, tras realizar un análisis exhaustivo sobre la solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez, se efectuaron consultas internas y con juristas expertos de la región.

Como resultado de este proceso, las autoridades peruanas concluyeron que la aplicación de la Convención de Caracas de 1954 —adoptada en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA)— ha experimentado una evolución negativa en su práctica internacional. “Se ha constatado, en distintos casos… que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política”, señalan.

Para el Gobierno peruano, esta práctica desnaturaliza el objetivo original de la Convención, concebida para brindar protección a nacionales perseguidos políticamente dentro del Sistema Interamericano, y no para facilitar que quienes han cometido delitos eludan la justicia nacional. Así lo expresa el comunicado: “En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”.

Asimismo, la Cancillería manifestó su profundo malestar ante lo que califica como una distorsión del derecho de asilo. “El derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos, sino que, más bien, son procesados o incluso condenados por delitos comunes”.

Por disposición del presidente de la república, el Ministerio de Relaciones Exteriores elevará ante los países miembros de la OEA “una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954, para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo”. El objetivo central, según el comunicado, es “que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”.

Las gestiones se realizarán con carácter urgente. El Gobierno señaló: “Oportunamente se dará a conocer el resultado de estas gestiones que se llevarán a cabo de manera muy urgente. Culminado este proceso, el Gobierno peruano tomará las decisiones que correspondan”.

Días antes, en declaración a CNN, durante el primer día del CADE Ejecutivo 2025, José Jerí aseguró que se iba a tomar una postura “sobre la base de la información técnica y sobre la base de los acuerdos internacionales”.

“Vamos a definirlo estrictamente con la recomendación de Cancillería, que en estos días próximos, seguramente el día viernes, tendremos la postura definitiva de nuestro país sobre ello”, explicó.

El internacionalista Óscar Vidarte advirtió que negar el salvoconducto a Betssy Chávez podría impactar negativamente en la reputación internacional del Perú. Explicó que el asilo político y los salvoconductos están regulados por tratados internacionales que el país ha firmado y debe respetar, incluso en casos polémicos o controversiales.

Además, el Perú podría exponerse a críticas internacionales y a cuestionamientos en instancias multilaterales, lo que afectaría su imagen como nación respetuosa del derecho internacional y de los compromisos asumidos.

El experto plantea que, aunque existan dudas sobre la naturaleza de los cargos contra Chávez, las convenciones sobre asilo obligan a los Estados a facilitar el procedimiento cuando un país otorga esta protección a un individuo en su embajada. Advierte también que el incumplimiento de estos acuerdos podría generar tensiones diplomáticas con México y otros países de la región.

Por otro lado, señala que, en circunstancias similares, otros Estados han priorizado el cumplimiento de las normas internacionales frente a presiones políticas o intereses internos. Recuerda que mantener la coherencia y predictibilidad en la política exterior es clave para cuidar la credibilidad del Perú en el ámbito global.

El exministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olechea afirmó que Perú no debía otorgar dicho salvoconducto, pues considera que la situación legal de la exministra impide aplicar este beneficio.

Como se sabe, Betssy Chávez es investigada por su presunto involucramiento en el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. El ex canciller resaltó que, de acuerdo al derecho internacional, los casos de delitos comunes no están cubiertos por la figura del asilo.

El gobierno mexicano justificó el asilo en supuestas persecuciones políticas. Según Gonzalez-Olaechea, existen elementos que demuestran que el proceso judicial contra Chávez responde a la aplicación de la ley y no a motivos de persecución ideológica.

La posición del exministro fue compartida por el legislador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, quien también sostuvo que el gobierno no debía otorgar un salvoconducto a la expremier para que abandone el país. Según el parlamentario, su postura se basa en que la Convención de Asilo Diplomático establece que esta medida no aplica para personas procedas por delitos comunes.

“La señora Betssy Chávez está procesada por delitos de rebelión y conspiración para la rebelión, que son delito común. En ese escenario no debería aplicarse el salvoconducto”, dijo.

La convención sobre asilo diplomático establece, en su artículo 3, que no se puede dar asilo a personas que al tiempo de solicitarlo “se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas”.

Tampoco aplica para los “desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político”.

No obstante, también menciona que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o el motivo de la persecución. Es decir, que Betssy Chávez puede estar siendo investigada por un delito común, pero México puede calificar de otra manera el delito.