Cae en Surco “El Manotas”, hombre de 65 años acusado de vender pasta básica: PNP halló más de 1.100 ketes

Un operativo encubierto del grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) terminó con la detención de un adulto mayor acusado de microcomercializar droga desde su vivienda en el asentamiento humano Brisas de Villa, en el distrito de Santiago de Surco. El intervenido fue identificado como Carlos Óscar Prado Estrada, de 65 años, conocido en la zona como ‘El Manotas’, quien ya registraba antecedentes por el mismo delito desde hace varios años.

La intervención fue ejecutada tras un seguimiento policial que permitió registrar en video diversas transacciones realizadas a través de una ventana del inmueble. En las imágenes, los agentes documentaron cómo distintos compradores llegaban al lugar, entregaban dinero y recibían pequeños envoltorios, típicos del microtráfico. El coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, confirmó que la operación se realizó luego de varias semanas de vigilancia encubierta y que el detenido fue sorprendido justo en el momento en que atendía a un nuevo cliente.

Durante el registro domiciliario, los agentes hallaron 1,105 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) listos para su venta, así como cinco bolsas de clorhidrato de cocaína. En la vivienda también se incautaron insumos usados para el fraccionamiento de la droga, entre ellos coladores, cuchillos y trozos de papel periódico. Uno de los compradores que se encontraba en el lugar también fue detenido y trasladado a la Depincri Surco para las diligencias correspondientes.

Según las fuentes policiales, el propio detenido reconoció ser consumidor de drogas, pero negó dedicarse a la venta. Sin embargo, los videos grabados por los efectivos evidencian al menos cuatro transacciones en un lapso de quince minutos, confirmando la actividad ilícita. El coronel Rojas Tipto precisó que la operación formó parte de las acciones permanentes del Escuadrón Verde–Terna para desarticular puntos de microcomercialización que operan en zonas residenciales del sur de la capital.

Este no sería el primer antecedente de Carlos Prado Estrada. En 2023, fue capturado por la misma unidad durante una redada en la que la Policía desarticuló dos clanes familiares dedicados a la venta de droga en el mismo sector. En aquella ocasión, el sujeto integraba la banda conocida como ‘Los Batuteros de las Brisas’, a la que se le incautó cerca de 790 envoltorios de PBC y dinero en efectivo presuntamente producto de la venta.

El delito de microcomercialización de drogas forma parte del tipo penal de tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 298° del Código Penal. Este castiga la venta, distribución o suministro de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas como pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana u otras drogas fiscalizadas, siempre que la actividad no configure una operación de tráfico a gran escala. La ley considera esta figura como un eslabón menor dentro de la cadena del narcotráfico, pero con consecuencias igualmente penales.

Este delito se configura cuando el autor vende o entrega drogas directamente al consumidor, actuando como un minorista o intermediario en zonas urbanas, barrios o incluso viviendas particulares. La norma busca sancionar la comercialización callejera o doméstica, especialmente aquella que genera micromercados de consumo en sectores vulnerables. Según el marco legal, se trata de un delito de peligro abstracto, pues basta acreditar la posesión con fines de venta para que el castigo se aplique, sin que sea necesario probar una transacción concreta.

La pena por microcomercializar drogas varía entre tres y siete años de cárcel, además de una multa de 180 a 360 días-multa, siempre que las cantidades sean pequeñas y no existan agravantes como la participación de menores, el uso de inmuebles públicos o la reincidencia. Cuando se demuestra que el acusado actuó en coordinación con terceros o integró una organización delictiva, el caso pasa a tipificarse bajo el artículo 296° o 297°, donde las sanciones pueden superar los 15 años de prisión.