Forado presupuestal en ANIN paraliza 22 obras críticas en el norte y obliga a contratistas a despedir personal, alerta la SNCI

El déficit presupuestal de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para los años 2025, 2026 y 2027 ha generado la paralización de 22 proyectos en varios departamentos del norte del Perú, impactando directamente en los servicios de protección, salud y educación de la población.

Según la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), esta situación afecta tanto a la ejecución de obras públicas esenciales como a la cadena de pagos, el empleo, y el acceso a derechos constitucionales de miles de familias.

Entre los proyectos detenidos se encuentran defensas ribereñas, hospitales y colegios. Una de las principales consecuencias es la interrupción de obras de protección contra inundaciones en ríos fundamentales de la región norte, como Olmos y Zaña en Lambayeque. Este proyecto, con una inversión prevista de 1.200 millones de soles y entrega programada para 2026, enfrenta una paralización parcial debido a obligaciones económicas que no se han cumplido.

De forma similar, la defensa ribereña del río Matagente, en Ica, tiene alrededor de 34 millones de soles retenidos en un fondo de garantía, lo que ha impedido el pago de valorizaciones y ha restringido la liquidez de las partes involucradas. Además, los ríos Motupe y La Leche, también en Lambayeque, han visto sus proyectos de defensa suspendidos por deudas superiores a los 70 millones de soles.

La paralización alcanza al sector salud. En el Hospital Provincial de Cascas II-1, en La Libertad, se ha suspendido el suministro, la instalación y el acompañamiento técnico en el funcionamiento inicial de equipos biomédicos, lo que compromete la calidad de los servicios clínicos y frena cualquier posibilidad de ampliar la cobertura sanitaria. El Hospital de Apoyo Recuay II, en Áncash, también sufre interrupciones vinculadas a la falta de recursos y pagos pendientes.

Este contexto ha obligado a empresas contratistas y subcontratistas —así como a empresas proveedoras— a despedir personal ante la imposibilidad de recibir los pagos correspondientes por valorizaciones vencidas y trabajos ya ejecutados. La inestabilidad afecta a familias y comunidades enteras, impactando la economía local. La falta de liquidez, sumada a la imposibilidad de cumplir obligaciones tributarias, incrementa la incertidumbre y deteriora las condiciones de trabajo, sin que exista una fecha clara para reactivar las actividades.

Otro factor de preocupación es el riesgo de que la postergación o el incumplimiento de los plazos contractuales desemboque en procesos arbitrales contra el Estado peruano, lo que podría derivar en laudos que impliquen pagos adicionales con recursos públicos. Esta situación deteriora la confianza de inversionistas, tanto locales como extranjeros, y amenaza la continuidad de la inversión en infraestructura.

Frente a este panorama, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) solicita a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como a la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y la propia Autoridad Nacional de Infraestructura, que adopten medidas inmediatas para reasignar, asignar y destrabar los recursos requeridos.

La continuidad de los proyectos es vital para evitar un retroceso en el cierre de brechas sociales y para garantizar el acceso a derechos fundamentales como la protección ante desastres naturales, la salud y la educación. La inacción no solo afecta a la población más vulnerable, sino que también pone en riesgo la estabilidad y la credibilidad del país ante la comunidad internacional.