Betssy Chávez se queda sin abogados en pleno juicio: PJ le asigna un defensor público

La golpista expremier Betssy Chávez será defendida por un abogado del Estado a partir de este jueves 6 de noviembre. Así lo dispuso la Sala Penal Especial de la Corte Suprema tras el retiro de los abogados particulares de la exjefa del gabinete.

En la sesión, el abogado Luis Barranzuela informó que renunció a ejercer la defensa de Chávez en el plazo que exige la ley, mientras que César Romero Valdez indicó que había sido subrogado por la propia Chávez.

Efectivamente, el último miércoles, la expremier subrogó a Barranzuela y Romero, y designó como su único abogado a Raúl Noblecilla, quien "goza de mi total confianza y en quien deposito plenamente mi representación y defensa".

Sin embargo, la Sala Penal Especial advirtió que Noblecilla no podrá participar del juicio oral porque fue expulsado por sus constantes faltas de respeto y la presentación de un certificado médico aparentemente falso. La sanción es por 6 sesiones, de las cuales aún están pendientes 3.

Por ello, los jueces supremos, para no dejar en indefensión a Betssy Chávez, asignaron al defensor público Julio César Guzmán Cisneros como abogado de la exjefa del gabinete.

Asimismo, los magistrados indicaron que, para que el defensor público pueda elaborar una buena defensa, dará sus alegatos finales la próxima semana.

Probablemente, el defensor público de Betssy Chávez sea el último en dar sus alegatos de clausura. Hoy jueves, el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde inició sus alegatos finales, donde dará un resumen de las pruebas actuadas que acreditan el intento del golpe de Estado de Pedro Castillo.

La solicitud de asilo político en México por parte de Betssy Chávez no impedirá que la ex primera ministra peruana enfrente las consecuencias judiciales y políticas derivadas de su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió que el proceso penal contra Chávez continuará, a pesar de su intento de obtener protección internacional.

El tribunal supremo descartó la posibilidad de declararla reo contumaz, lo que habría implicado ordenar su ubicación y captura inmediata, así como la suspensión indefinida del juicio por rebelión. Esta decisión también habría impedido dictar sentencia, salvo que fuera absolutoria. Los magistrados fundamentaron su postura señalando que tal medida generaría “una incertidumbre cuya temporalidad es incalculable, perjudicando los fines de la justicia”, según consta en la resolución judicial.

Los jueces recordaron que Chávez ha estado plenamente consciente del proceso en su contra: participó en la instalación del juicio oral, intervino activamente y ejerció su propia defensa. Por este motivo, la Sala Penal Especial dispuso que, en adelante, la ex primera ministra será representada por su defensa legal o, en caso de renuncia, por la defensa pública. Además, advirtieron que los abogados podrían ser sancionados si abandonan el juicio en su etapa final. Esta determinación se tomó tras rechazar la renuncia de Luis Barranzuela, uno de los abogados de Chávez.

El tribunal enfatizó que, durante las setenta y seis sesiones celebradas hasta la fecha, la defensa de Chávez ha sido conjunta e ininterrumpida, y que los abogados conocen en detalle el expediente. Por ello, consideró inadmisible que pretendan abandonar el proceso justo antes de los alegatos finales. El tribunal advirtió: “No es de recibo pretender abandonar el juicio ad portas de su culminación con los alegatos finales, bajo apercibimiento que no cumpla con la defensa técnica, se nombrará un defensor público y se dictarán las medidas disciplinarias las que dé lugar”.

La sentencia de la Sala Penal Especial determinará si Betssy Chávez es responsable del delito de rebelión, lo que podría acarrear una condena de veinticinco años de prisión, como solicita la Fiscalía. El otorgamiento de asilo no detendrá la emisión del fallo judicial.

Mientras tanto, en el Congreso de la República, permanece pendiente el debate y la votación del informe final que recomienda la inhabilitación política de Chávez por diez años, también en relación con su papel en el intento de golpe de Estado. Este informe ya recibió el visto bueno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente, pero requiere la aprobación del Pleno para que la sanción tenga efecto.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, del partido Alianza para el Progreso, comunicó que solicitó al presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, que se priorice la denuncia constitucional contra Chávez tras la concesión del asilo por parte de México.

En un comunicado oficial, el grupo de trabajo señaló: “La presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha solicitado al presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, que priorice agendar en el próximo Pleno, la acusación constitucional de la DC 351 por la gravedad y urgencia de la materia para la defensa de la institucionalidad democrática”.