Proponen crear protocolo para personas con discapacidad desaparecidas e incluirlas en la Alerta Amber para menores de edad

El congresista Edgard Reymundo Mercado presentó el proyecto de ley, que propone crear un protocolo nacional de prevención y atención oportuna para personas con discapacidad en situación de riesgo o desaparición.

La medida, según el documento, responde cerrar el “vacío normativo” en la atención de estos casos y eliminar la espera obligatoria de 24 horas para presentar denuncias, lo que permitiría que cualquier persona pueda reportar una desaparición y agilizar procesos, especialmente en zonas rurales o sin presencia policial inmediata.

Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped), en 2024 se reportaron 17.737 denuncias por desaparición en el Perú, y 8.451 personas —el 48%— aún no han sido encontradas. Entre los desaparecidos, el 53% tiene entre 12 y 17 años, y el 19% entre 18 y 29.

El proyecto advierte que las personas con discapacidad, especialmente aquellas con condiciones cognitivas o del espectro autista, se encuentran entre los grupos más vulnerables debido a la falta de protocolos especializados y de coordinación entre instituciones.

La propuesta legislativa plantea que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en coordinación con los ministerios del Interior, Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, así como con los gobiernos locales, elabore e implemente un protocolo nacional único.

Este documento establecerá procedimientos de prevención, alerta temprana y búsqueda inmediata, además de definir responsabilidades claras para cada institución.

Entre sus componentes, se propone incluir la creación de registros voluntarios y confidenciales de personas con discapacidad en riesgo de desaparición, capacitación a familias y personal público, y uso de tecnologías de geolocalización y comunicación rápida.

El proyecto también dispone que las municipalidades provinciales sean responsables de implementar el protocolo y apoyar a las distritales en la capacitación de agentes de serenazgo, transportistas y administradores de espacios públicos.

La atención priorizará a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, según los datos del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

“El objetivo es que las autoridades actúen desde el primer momento, sin burocracia y con un enfoque de derechos humanos”, se lee en la exposición de motivos.

Una de los cambios más relevantes es la ampliación del sistema Alerta Amber, que actualmente se activa solo para menores de edad desaparecidos.

La propuesta permitiría incluir a personas adultas con discapacidad, reconociendo su condición de riesgo y garantizando búsquedas con respuesta rápida y difusión nacional a través de medios de comunicación, redes sociales y sistemas de transporte.

Entre los argumentos del proyecto está la búsqueda por replicar el impacto positivo que tuvo la incorporación de menores con discapacidad al sistema en 2024, tras casos emblemáticos como el de Gabriel Asencio Urbina, un joven autista de 18 años que falleció luego de permanecer desaparecido varios días sin una respuesta oportuna.

La nueva versión del sistema pretende incluir protocolos adaptados a diferentes tipos de discapacidad y mecanismos de coordinación directa con la Policía Nacional.

De aprobarse la norma, el Ejecutivo tendrá 60 días para elaborar el reglamento que detalle los mecanismos de prevención, denuncia y búsqueda en todo el territorio nacional.

La meta es establecer una red nacional de respuesta temprana que reduzca el tiempo de reacción y evite tragedias derivadas de la descoordinación institucional.