Fallo histórico para defensores ambientales en Perú: PJ obliga al Mininter a crear nuevo protocolo policial para evitar agresiones

El Poder Judicial emitió una decisión clave que busca garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en el país. A través de una sentencia del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, publicada el 24 de octubre, se dispuso que el Ministerio del Interior (Mininter) apruebe de manera urgente un protocolo policial que permita a la Policía Nacional del Perú (PNP) brindar atención especializada a los defensores y defensoras que enfrentan amenazas, agresiones o situaciones de riesgo por su labor.

La resolución responde a una demanda de cumplimiento presentada en 2022 por organizaciones indígenas y de la sociedad civil, entre ellas la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA), la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA) y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Estas entidades representan a pueblos Shipibo Konibo, Kakataibo y Kichwa, asentados en regiones como Ucayali, Huánuco y San Martín, zonas donde se han registrado numerosos casos de violencia y asesinatos de líderes indígenas.

El tribunal determinó que el Mininter incumplió su obligación establecida en el Decreto Supremo N.º 004-2021-JUS, modificado por el Decreto Supremo N.º 002-2022-JUS, que ordenaba aprobar los “Lineamientos de actuación para la implementación de medidas de protección” a favor de las personas defensoras de derechos humanos. Por ello, el juzgado dispuso tres acciones concretas que la entidad deberá ejecutar en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

Primero, el Mininter deberá elaborar y publicar una resolución ministerial que apruebe oficialmente los lineamientos de actuación policial. Segundo, estos lineamientos deberán incluir estrategias de financiamiento que garanticen la sostenibilidad del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos. Y tercero, deberán definir planes de acción específicos que la PNP implementará en los casos de alto riesgo. El ministerio tiene once días hábiles para informar al juzgado sobre el cumplimiento de la sentencia.

Líderes indígenas destacaron que esta decisión representa un avance histórico en la lucha por la protección de sus comunidades. “Esperemos que esta sentencia se cumpla a la brevedad y se aprueben los lineamientos de la Policía para que nos protejan efectivamente y no solo en papel”, expresó Marisol García Apagüeño, presidenta de FEPIKECHA, quien subrayó la necesidad de erradicar las economías ilícitas que amenazan sus territorios.

Por su parte, Marcelo Odicio Angulo, presidente de FENACOKA, consideró que el fallo “es un logro histórico de las tres federaciones indígenas, no solo para nosotros, sino para todos los defensores de derechos humanos y ambientales del Perú”, recordando que más de 35 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos años por su labor. En tanto, Graciela Reátegui Mori, presidenta de FECONAU, sostuvo que con estos lineamientos la PNP deberá actuar con rapidez para proteger a las comunidades cuando enfrenten ataques o invasiones.

De acuerdo con una investigación publicada por Mongabay Latam en agosto de 2025, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) registró 733 casos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, ambientales e indígenas en el país entre los años 2000 y 2024. La mayor parte de estos procesos judiciales se dirigió contra ambientalistas (370 casos) y líderes indígenas (293 casos), seguidos por sindicalistas (42 casos), periodistas (16 casos) y defensores de derechos civiles y políticos (11 casos).

El informe detalla que la región del Cusco concentra la cifra más alta de personas criminalizadas, con 141 casos, seguida por Apurímac (40) y Cajamarca (36). Según explicó el especialista Jaime Borda, de la CNDDHH, estos procesos judiciales suelen estar relacionados con protestas sociales y conflictos ambientales en torno a proyectos extractivos, especialmente en zonas andinas y amazónicas. “Cada vez hay más amenazas y más criminalización”, señaló Borda, quien advirtió que el hostigamiento y el encarcelamiento de defensores se han vuelto “más frecuentes y graves” en los últimos años.

Mongabay Latam también subraya que el problema no se limita a la judicialización de defensores. El portal defensores.pe, citado en el reportaje, contabiliza 5.957 ataques a personas defensoras de derechos humanos y ambientales entre 2000 y 2024, incluyendo asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y hostigamientos. La mayoría de estos hechos se registran en la Amazonía peruana, donde los líderes indígenas enfrentan amenazas constantes de mineros ilegales, taladores, narcotraficantes y empresas extractivas.