Una página web casi idéntica a la del Banco de Crédito del Perú (BCP) sirvió como trampa digital para que un grupo de seis personas cometiera fraude informático y robara datos personales y bancarios de clientes. El caso, investigado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, terminó con el dictado de penas efectivas y suspendidas para los miembros de la banda que operaba desde la capital peruana.
Juan Zamora, de 48 años, fue señalado como el captador principal del grupo, ocupado en atraer a las víctimas que luego ingresaban a la web falsa y entregaban sus datos secretos. Para Zamora, el tribunal sentenció cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad en calidad de coautor de fraude informático agravado. Las otras cinco personas involucradas, Janeth Huaraca (29), Edgar Vargas (39), Sharon Marin (26), José Yparraguirre (22) y Joaquín Espíritu (23), recibieron tres años de cárcel suspendida como cómplices primarios, lo que significa que deberán cumplir condiciones legales estrictas para no ir a prisión.
Según el informe, la red criminal aprovechó el alcance de internet para lanzar un ataque sofisticado: construyeron una página que copiaba colores, logos y estructura del BCP, lo que logró engañar a decenas de usuarios. Al navegar por este sitio, los clientes pensaron estar ante una plataforma oficial e ingresaron información clave como número y clave de tarjeta, CVV, documento de identidad y teléfono móvil.
El fiscal adjunto provincial Joanpier Hamerly Cerna Fernández expuso durante las audiencias cómo funcionaba la estafa: una vez recolectados los datos, los miembros de la banda llamaban personalmente a los usuarios y, mediante un software de acceso remoto, accedían a las computadoras de las víctimas. Desde ahí, pudieron ingresar a la banca digital y realizar transferencias a cuentas abiertas con identidades falsas o reclutadas solo para recibir el dinero sustraído.
El Ministerio Público explicó que los cómplices abrieron diversas cuentas bancarias para servir como destino final de los fondos obtenidos mediante el fraude, encubriendo la ruta del dinero y complicando los intentos de rastreo y recuperación.
El caso dejó expuesta la vulnerabilidad de los sistemas digitales ante técnicas de suplantación y phishing, un delito que va en aumento en Perú y en la región. La investigación liderada por la fiscal provincial Jessica Elizabeth Flores Mariñas se apoyó en el rastreo de movimientos bancarios, análisis de dispositivos y testigos, lo que permitió identificar el rol de cada implicado.
La condena se da en un momento donde el país enfrenta un incremento en las denuncias por fraude digital y ataques a plataformas bancarias, fenómeno seguido de cerca por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia. Según cifras oficiales citadas por Infobae, el número de casos reportados en Lima aumentó considerablemente en los últimos años. Las autoridades recordaron la importancia de verificar la autenticidad de sitios web y la necesidad de educación digital para todos los clientes bancarios.
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