CADE Ejecutivos 2025: Inseguridad y corrupción dominan las preocupaciones de los empresarios peruanos, según Ipsos

La inseguridad y la corrupción como los principales problemas del país son señaladas por el 85% y el 81% de los ejecutivos peruanos, respectivamente, y un 40% informa que los costos de seguridad privada en sus empresas han aumentado en el último año.

El informe de Ipsos Perú, presentado durante CADE Ejecutivos 2025, refleja la presión creciente que enfrentan las compañías para proteger sus operaciones en un entorno cada vez más complejo.

Las consecuencias de la inseguridad se expresan en diversos ámbitos empresariales: el 25% de las empresas ha debido detener operaciones, el 24% perdió clientes a causa de la violencia y el 21% reporta robos. El 13% de los ejecutivos menciona amenazas o cobros extorsivos como parte de los riesgos. Este clima incide en la percepción del rumbo nacional; aunque el 30% de los líderes empresariales observa cierto progreso en el país, un 32% lo percibe todavía en retroceso.

Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, destacó que la delincuencia y la falta de seguridad continúan encabezando la agenda de urgencias para el sector privado. Ante este panorama, combatir la corrupción y mejorar el entorno para la inversión privada aparecen como prioridades para el próximo gobierno. El 75% de los ejecutivos considera que el combate a la corrupción debe ser el foco central de la gestión pública, seguido de la facilitación de la inversión y el crecimiento económico (61%), y la mejora de la seguridad ciudadana (59%).

En el ámbito institucional, la confianza muestra diferencias notables. Mientras el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantiene una aprobación de 96%, el Congreso de la República suma un 94% de desaprobación, seguido por el Poder Judicial (83%) y el Ministerio Público (80%). La percepción hacia la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la SUNAT y el Indecopi también muestra caídas respecto a evaluaciones recientes.

En materia de reformas, el informe señala que el 67% de los empresarios demanda cambios en el sistema de seguridad, el 57% exige una transformación en la justicia y un 39% plantea la necesidad de reformar la educación. Todo ello con el objetivo de restablecer el Estado de derecho y garantizar condiciones favorables para la inversión.

Las expectativas económicas mantienen cierto optimismo condicionado: los ejecutivos proyectan que la economía podría crecer 4,8% anual si se impulsa la inversión privada con decisión. En ausencia de estas acciones, prevén una expansión limitada a 1,9%. El 58% de las empresas señala que mantendrá sus planes de inversión pese al contexto político. Hacia 2026, esperan un crecimiento del PBI de 3,2%, un repunte en ingresos empresariales de 5,3% y una expansión en planilla del 7,3%.

De cara a las elecciones de 2026, los criterios prioritarios para los ejecutivos al elegir candidato incluyen el compromiso con la estabilidad económica y respaldo al BCRP (55%), la calidad del equipo técnico (48%), la integridad (46%) y la postura frente al crimen organizado (39%). Además, crece el consenso sobre la necesidad de mayor involucramiento empresarial en espacios gremiales y en iniciativas de promoción del mercado.