Transportistas reportan 90% de acatamiento en paro y demandan que la PNP permita libre circulación de buses

La jornada del nuevo paro de transportistas que se realiza en Lima y Callao este 4 de noviembre dejó a cientos de usuarios varados y provocó que el costo de algunos pasajes aumentara hasta cuatro veces ante la escasez de buses de transporte público.

Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, detalló en RPP Noticias que la medida no pretende enfrentar al Gobierno, sino visibilizar la violencia que enfrentan conductores, cobradores y propietarios de unidades. Ojeda sostuvo: “Este paro es por los fallecidos, por los ataques y las amenazas que persisten con nuevas bandas criminales. Nos hemos reunido varias veces con el presidente, el primer ministro y el jefe de la policía para exigir protección, pero necesitamos soluciones concretas”.

Ojeda criticó el bloqueo policial al paso de los vehículos, lo que podría generar incidentes por la frustración acumulada entre los conductores. “Lo que pedimos es que nos dejen pasar. Esto no es un tema de combustible ni de subsidios, hablamos de vidas”, enfatizó Ojeda, quien manifestó que la movilización tenía como destinos Acho y, en algunos casos, el Congreso de la República.

En paralelo, Waldo Poma, presidente del Consejo Directivo Nacional de ANITRA, declaró en ATV que su gremio no participó en el paro, aunque respaldó los reclamos del sector. Poma subrayó la aprobación reciente de una norma que crea una unidad especial de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial para combatir la criminalidad y agilizar la respuesta frente a extorsiones y violencia contra los transportistas. “Hemos logrado que se apruebe esta norma en menos de un mes y seguimos presionando para que se reglamente y se implemente lo antes posible”, afirmó.

Frente a esta posición, Ojeda aseguró que, según sus cálculos, al menos el 90% de las empresas que componen el gremio Transportistas Unidos (cerca de 700 buses de transporte público) acataron la medida. Negó que la manifestación busque rechazar al gobierno de José Jerí, aunque sí cuestionó a las fuerzas del orden por impedir el libre desplazamiento de los transportistas y generar situaciones de incomodidad. Ojeda expresó: “¿Tú crees que un conductor, que lo quieren matar, pide el apoyo de la Policía y encima la Policía lo bloquee? ¿Cuál va a ser la respuesta de su resiliencia? Lógicamente se va a quedar 48 horas, pues”.

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, puntualizó que solo algunas empresas informales, como San Felipe Express, se mantienen operativas, mientras que la mayoría de compañías formales permanecen en sus patios en señal de protesta. Palomino indicó: “No estamos pidiendo armas ni blindaje para los vehículos; exigimos que el Estado cumpla su rol y frene la criminalidad que afecta a nuestros colegas. Los asesinos de conductores son liberados con rapidez, lo que genera un clima de desprotección”.

El dirigente remarcó que en los últimos meses más de una decena de transportistas han sido asesinados, dejando huérfanos a sus hijos, y sostuvo que la paralización constituye un llamado urgente para establecer una mesa de diálogo efectiva con los poderes del Estado.

Al cierre del día, la situación en distritos como Comas, Carabayllo y Puente Nuevo se mantenía tensa, con usuarios atrapados en paraderos y taxistas y empresas informales incrementando sus tarifas. Voceros de los gremios reiteraron el pedido de calma y instaron a que la movilización se desarrolle de modo pacífico, evitando incidentes que comprometan la seguridad de conductores y pasajeros

El presidente de la República, José Jerí, se trasladó a la zona de Acho, acompañado del premier y otras autoridades, para supervisar el paro parcial de transportistas que afecta a Lima y Callao. En puntos estratégicos de la ciudad, como Acho y la Panamericana, se reforzó la presencia policial para garantizar la seguridad durante la jornada de protesta.

Después de reunirse con los gremios de transportistas, Jerí afirmó que el Gobierno está coordinando el esfuerzo de todo el Estado para enfrentar la criminalidad. El presidente expresó: “La delincuencia ataca estratégicamente, saben que estamos en guerra contra ellos. Hay una mente que está detrás y es a esa que debemos encontrar”.

Jerí añadió que se evalúan nuevas medidas como parte de la actualización del estado de emergencia, así como otras acciones posibles mediante facultades delegadas por el Congreso, con el objetivo de mejorar la coordinación entre la Policía Nacional del Perú, el Ejército y los gobiernos locales.

La respuesta estatal busca dar señales de control y protección frente a las demandas de seguridad planteadas por los gremios, en una jornada marcada por la intensa presencia policial y la supervisión directa de las autoridades.