Disolución de Rutas de Lima pondría en riesgo fondos de afiliados a las AFP: S/ 1.500 millones en bonos al borde del impago

La reciente decisión de Brookfield Asset Management de disolver su filial Rutas de Lima ha desatado preocupación en el sistema financiero peruano. Según una publicación de Bloomberg, la medida podría provocar pérdidas significativas a los fondos de pensiones peruanos, especialmente a Prima AFP, principal tenedora de los bonos emitidos por la concesionaria. La filial deja atrás una deuda de S/ 1.500 millones (unos US$ 443 millones) en bonos locales que, de acuerdo con agencias de calificación crediticia, se encuentran al borde del default o incumplimiento de pago.

La compañía canadiense Brookfield, que operaba las dos autopistas de peaje más transitadas de la capital, justificó su salida por pérdidas insostenibles tras años de conflicto judicial con la Municipalidad Metropolitana de Lima. La comuna limeña sostiene que los contratos de concesión representan un símbolo de corrupción y una carga injusta para los ciudadanos. Este enfrentamiento legal ha derivado en la suspensión de los peajes y la paralización de los ingresos de la empresa, situación que agravó su situación financiera.

De acuerdo con Bloomberg, los bonos de Rutas de Lima con vencimiento en 2036 y 2039 fueron emitidos hace una década y representaron en su momento la mayor colocación corporativa en soles del mercado peruano. Sin embargo, hoy esos títulos han perdido alrededor de dos tercios de su valor nominal y se cotizan a una fracción de su precio original, afectando directamente las carteras de inversión de millones de trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones.

Los cuatro fondos privados de pensiones —Prima, Integra, Habitat y Profuturo— adquirieron buena parte de esta deuda hace años, cuando contaba con grado de inversión. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Prima AFP, del grupo Credicorp, fue el mayor comprador. Actualmente, la calificadora S&P Global Ratings mantiene los bonos en la categoría CC, señalando que el default es “prácticamente inevitable”.

Durante la última década, los bonos de Rutas de Lima pasaron de ser una opción segura a convertirse en una de las deudas corporativas más riesgosas del portafolio de las AFP. Según explica el portal, el deterioro se aceleró luego de que un tribunal ordenara la cancelación de los últimos peajes operativos, lo que redujo los ingresos de la concesionaria a casi cero. La empresa ha apelado la decisión, pero el proceso judicial avanza mientras la compañía enfrenta su liquidación.

El riesgo para los fondos de pensiones es considerable. De acuerdo con estimaciones citadas por Bloomberg, los bonos de Rutas de Lima representan alrededor del 0,6 % de los S/ 110.000 millones que administran las AFP en total. Aunque la cifra pueda parecer baja, la magnitud del posible impago la convierte en una de las pérdidas corporativas más grandes en la historia del mercado de capitales peruano.

De acuerdo con fuentes citadas por Bloomberg, el escenario más optimista sería que la Municipalidad de Lima asumiera la deuda de Rutas de Lima, como contempla el contrato de concesión en caso de cierre de la empresa. No obstante, este desenlace parece poco probable, ya que la ciudad enfrenta una elevada carga financiera: cerca del 30 % de su presupuesto anual se destina al pago de deudas previas.

El panorama, por tanto, sigue siendo incierto tanto para los inversionistas institucionales como para los afiliados a las AFP. Si los bonos caen definitivamente en impago, el golpe podría reflejarse en los rendimientos de los fondos y marcar un precedente negativo para el mercado financiero local.

La Municipalidad de Lima, propietaria de las carreteras concesionadas, ha mantenido una postura firme contra los peajes desde el inicio del conflicto. Las autoridades municipales alegan que el contrato fue obtenido mediante corrupción, argumento que han sostenido ante tribunales nacionales e instancias internacionales. Sin embargo, varios laudos arbitrales —por un total de US$ 200 millones— han fallado a favor de Rutas de Lima, aunque el municipio se ha negado a pagar dichas sumas.

Por su parte, Brookfield ha denunciado al Estado peruano ante un tribunal internacional por expropiación ilegal de activos y reclama una compensación de US$ 2.700 millones. Pese a ello, la empresa decidió avanzar con la liquidación de su filial peruana, señalando que la continuidad del proyecto es inviable en las condiciones actuales.

El conflicto ha estado marcado por la politización del tema de los peajes. El exalcalde Rafael López Aliaga, quien impulsó la suspensión de los cobros, celebró públicamente la disolución de la empresa y comparó a Brookfield con “una mafia”.