Crean el Registro nacional de juntas vecinales de seguridad ciudadana: ¿Cuáles son los beneficios?

El Gobierno peruano promulgó una ley que refuerza la identificación y el apoyo a las juntas vecinales de seguridad ciudadana en todo el país. La norma, publicada el 3 de noviembre de 2025, introduce modificaciones clave en la Ley 29701, estableciendo un registro nacional, la asignación temporal de bienes y nuevos incentivos para quienes integran estos colectivos comunitarios.

La iniciativa crea el Registro Nacional de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objeto de identificar y reconocer formalmente a los miembros y sus representantes. Según el texto legal, las comisarías deberán registrar y actualizar la base de datos en el ámbito de su jurisdicción. La información recabada será compartida con gobiernos regionales y locales, para facilitar su integración en mecanismos de planeamiento territorial y procesos participativos.

En virtud de la nueva ley, la Policía Nacional del Perú, junto con los gobiernos regionales y municipales, podrá entregar bienes relacionados con la seguridad ciudadana de forma temporal a las juntas vecinales, con obligación de supervisar el correcto uso de estos recursos. Este respaldo está dirigido a fortalecer acciones preventivas y disuasivas que permitan mejorar la seguridad y la tranquilidad en los diferentes barrios y comunidades del territorio peruano.

La norma establece que los miembros de las juntas vecinales, en su calidad de representantes sociales, tendrán la posibilidad de intervenir en las audiencias públicas y participar en la elaboración de presupuestos participativos y planes de desarrollo local. Además, podrán aportar en la formulación de planes de seguridad ciudadana, canalizando las necesidades, opiniones y sugerencias de los vecinos ante las autoridades.

El texto incorpora beneficios nuevos, como incentivos municipales de carácter tributario y no tributario, destinados a los miembros inscritos en el Registro Nacional de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Se agrega la facultad al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación de asignar un puntaje adicional a los integrantes de las juntas y a sus hijos, durante los concursos nacionales de becas y créditos educativos.

El Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de noventa días calendario desde la entrada en vigor de la norma, para adecuar el reglamento correspondiente con las modificaciones que se encuentran en la presente ley.

Una junta vecinal es una organización comunitaria formada por vecinos de una zona determinada, como un barrio, urbanización o sector rural. Su principal propósito es promover la participación ciudadana en la gestión y mejora de la convivencia local, así como en la prevención de problemáticas que afectan a la comunidad, como la inseguridad, el desorden urbano y el deterioro de los espacios públicos.

Las juntas vecinales funcionan como un canal de comunicación entre los habitantes y las autoridades, tanto municipales como policiales. Sus integrantes suelen ser elegidos por el propio vecindario y actúan de manera voluntaria. Suelen organizar reuniones periódicas para identificar necesidades, consensuar prioridades y plantear propuestas relacionadas con temas de interés común, como seguridad, limpieza, obras públicas y actividades recreativas.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, las juntas vecinales contribuyen en la vigilancia de calles y plazas, reportan hechos sospechosos a la policía y apoyan campañas de prevención. Además, algunas normativas reconocen su papel en el diseño y monitoreo de estrategias de seguridad y convivencia, permitiendo su participación en presupuestos participativos y en la formulación de planes locales.

El marco legal de varios países, como Perú, contempla beneficios y facilidades para incentivar la creación y el funcionamiento de estas organizaciones. Las juntas vecinales ayudan a fortalecer el tejido social, fomentan la corresponsabilidad y permiten que los ciudadanos tengan un papel activo en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan directamente su calidad de vida y la de sus familias.