El Gobierno de Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas tras la concesión de asilo político a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, había manifestado que México habría “tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo con la única y solitaria excepción de México”.
Betssy Chávez se encuentra investigada por presunta rebelión en el marco del fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. Actualmente, permanece en la residencia diplomática desde la víspera.
La justificación mexicana
Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló que el otorgamiento de asilo se realizó en estricto cumplimiento del derecho internacional, amparado por la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, vigente desde 1954 y suscrita por ambas naciones.
En su pronunciamiento, la gestión de Sheinbaum defendió que este beneficio político constituye un acto legítimo y humanitario, que no debe considerarse hostil ni como intervención en asuntos internos de otros estados. Sostiene que la la decisión fue adoptada tras una evaluación del caso, conforme al marco legal nacional y a los principios internacionales, en respuesta a la denuncia de persecución política y violaciones a los derechos humanos formulada por Betssy Chávez desde 2023.
Asimismo, subrayó que únicamente el país que concede el asilo puede calificar la naturaleza de la persecución, en concordancia con lo establecido en la Convención de Caracas.
Finalmente, manifestaron que la reacción del gobierno peruano representa una medida desproporcionada y no corresponde con la tradición diplomática latinoamericana ni con las recomendaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el tratamiento de casos de asilo.
La familia de Pedro Castillo
El gobierno de México, en su comunicado, recordó que actuó de forma similar durante la crisis de 2022, cuando concedió asilo a la familia del expresidente Pedro Castillo.
Como se recuerda, las tensiones entre ambas naciones comenzaron cuando el exmandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se mostraba a favor del exjefe de Estado, a pesar de haber tratado de cerrar el Congreso ilegalmente.
“El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir están en nuestra embajada y cuando están en la embajada les concedes el asilo es una decisión independiente y soberana de México”, dijo en ese entonces el canciller de méxico, Marcelo Ebrard, durante una conferencia de prensa matutina de AMLO.
El plan de fuga de Nadine Heredia
En el caso de Nadine Heredia, la exprimera dama de Ollanta Humala ejecutó un plan detallado para salir del país tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos. Su huida ocurrió mientras se leía la sentencia en su contra, momento en que ya se encontraba dentro de la embajada de Brasil en Lima junto a su hijo menor, donde solicitó asilo político.
La operación incluyó la anticipada coordinación con el abogado brasileño Marco Aurelio de Carvalho, cercano al entorno del presidente Lula da Silva. Carvalho recomendó formalizar la petición de asilo una semana antes de la condena. El día clave, Heredia ingresó en la sede diplomática alrededor de las 11:15 horas, y más tarde oficializó ante el gobierno brasileño su pedido de refugio.
Como parte de la estrategia para evitar que las autoridades y la prensa detectaran su fuga, la familia difundió información falsa sobre una supuesta internación hospitalaria y una operación quirúrgica. Al mismo tiempo, se observó actividad en la vivienda familiar, con la retirada de pertenencias, simulando normalidad ante cualquier eventual seguimiento.
Durante la detención de Ollanta Humala, este redactó y autorizó un documento permitiendo la salida de su hijo Samín del país, un movimiento que facilitó el traslado del menor junto a su madre. Actualmente, Nadine Heredia reside en Brasil como asilada política, sin restricciones de movimiento, mientras su defensa sostiene que el proceso judicial en Perú sigue abierto y confía en obtener su absolución.
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