
La inminente paralización convocada por un sector de los transportistas de Lima y Callao para el martes 4 de noviembre de 2025 pone de relieve las profundas fracturas y tensiones en el gremio, en un contexto donde la violencia y la extorsión azotan con inédita crudeza a los conductores. Mientras un nutrido grupo de asociaciones ratifica la consigna del “apagado de motores” y movilizaciones pacíficas, las principales empresas formales anuncian que no acatarán la medida y apuestan por mantener canales de diálogo con el Gobierno, en un clima marcado por la desconfianza, el miedo y la urgencia de respuestas efectivas.
El llamado al paro, encabezado por Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos y representante de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, surge según sus palabras como reacción extrema ante una situación que califica de “desesperada”. “No aceptamos bloqueos, es un delito, también hemos advertido que no se dé quema de llantas”.
Indicó que la decisión es de ejecutar un apagado de motores sin corte de vías ni acciones violentas. La protesta busca visibilizar la emergencia que atraviesa el sector, pero también evidencia su debilidad organizativa: la medida divide más que unifica.
Bajo la consigna de “apagado de motores”, los gremios movilizados anuncian una significativa reducción de unidades en circulación y marchas moderadas.
Ojeda reiteró que la convocatoria es inamovible y responde a la creciente ola de asesinatos y atentados contra conductores. “Esta decisión es un llamado urgente para frenar las muertes, que siguen aumentando por la presencia de bandas más violentas”, explicó, al tiempo que cuestionó la eficacia gubernamental: “La delincuencia, el sicariato y la extorsión no tienen horario. Por eso, un toque de queda no resolvería el problema”.
¿Quiénes participarán del paro del 4 de noviembre?

Entre quienes han confirmado su participación destacan la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú), la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP) y empresas como Nueva América, Transporte Unido del Cono Este SJL (“La 50”) y Etupsa.
Julio Raurau, presidente de Conet Perú, denunció que “prácticamente, el 100% de las empresas somos extorsionadas en este momento”, describiendo amenazas directas y el uso de menores de edad como sicarios a sueldo. Por su parte, la ANCPP ratificó en un comunicado su adhesión a la paralización de 24 horas, alertando que “en solo 48 horas, dos conductores han sido víctimas mortales, lo que refleja la grave inseguridad que enfrentamos día a día en el ejercicio de nuestra labor”.
Exigencias y demandas del gremio de transportes

Las demandas principales convergen en la exigencia de justicia para los conductores asesinados, la captura de responsables y la implementación de apoyos concretos: becas educativas, pensiones y beneficios para familias de las víctimas. Voceros de empresas como ‘Nueva América’ y ‘La 50′ han solicitado públicamente la creación de programas que aseguren una pensión mensual para los hijos de los conductores caídos, en un renovado pedido por políticas que vayan más allá de la reacción policial.
El detonante central de la actual convocatoria fue el asesinato de José Johnny Esqueche Ningles, chofer de Liventur, baleado en la avenida Néstor Gambetta el 27 de octubre. Pocas jornadas antes, otro conductor, Walter Leoncio Sandoval Castro, corrió similar suerte. La noche precedente al paro, un bus de la línea 52 fue atacado a balazos en Chorrillos. De acuerdo a cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en los primeros quince días del estado de emergencia se registraron 28 homicidios vinculados al transporte, lo que evidencia la gravedad del fenómeno.
El estado de emergencia decretado el 22 de octubre, con despliegue de policías y militares, no ha logrado frenar la ola criminal. Miguel Palomino, presidente de la ANCPP, admitió ante La República que “los asesinatos y ataques contra transportistas no disminuyeron” desde la entrada en vigor de la medida.
Divisiones entre los grandes gremios

Sin embargo, la protesta está lejos de ser generalizada. La Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao y otros ocho gremios, que representan entre 90 y 95 % de las empresas formales, rechazan la paralización. Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara, sostuvo que “sería irresponsable unirse a una medida de fuerza frente a la coyuntura de una nueva autoridad”, en referencia al reciente relevo en el Ministerio de Transportes. Estos gremios consideran que la vía de las reuniones y el trabajo conjunto con el Ejecutivo es preferible, principalmente porque ya han recibido propuestas concretas para abordar la crisis.
Héctor Vargas, de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, remarcó que la adopción de un estado de emergencia no garantiza por sí sola la erradicación de la violencia y la extorsión, pero abogó por medidas de corto y largo plazo más allá de los paros intermitentes. En tanto, gremios como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) alegaron no haber sido notificados sobre la protesta y cuestionaron la falta de consenso y coordinación en la convocatoria.
La fragmentación generó roces entre líderes gremiales. Julio Raurau tildó de “traidores” a quienes decidieron no adherirse al paro, mientras que desde la otra orilla se señaló que muchos dirigentes no viven el riesgo diario que enfrentan los conductores en las calles.
Virtualidad y otras medidas ante el paro de transportistas

La preocupación por eventuales alteraciones llevó a universidades como la PUCP y la Universidad de Lima a suspender clases presenciales, trasladando la jornada al remoto. La Dirección Regional de Educación del Callao dispuso que todos los colegios, públicos y privados, realicen clases virtuales para priorizar la seguridad de los estudiantes y la continuidad del servicio. Lo mismo ocurre en otras instituciones, que ante la incertidumbre apuestan por la prevención.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, aseguró que 95 % de los operadores formales no adoptará la paralización y anunció la presencia de efectivos en puntos críticos para evitar bloqueos o incidentes violentos. Tras reuniones con ministros y líderes gremiales, enfatizó que la institución está preparada para proporcionar seguridad a la ciudadanía y que cualquier hecho delictivo o bloqueo sería sancionado según ley.
La anterior jornada de paro, el pasado 6 de octubre, dejó sin movilidad a miles y mostró el poder de presión de los transportistas. Tras esa protesta, se firmó un acuerdo con el Ejecutivo y se determinó un plazo de quince días para implementar medidas de seguridad, promesa que la persistencia de amenazas y asesinatos terminó por anular en la práctica.
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