Fernando Rospigliosi confirmó vigencia de investigación pese a renuncia de trabajador, pero ¿cuál es el vínculo del camarógrafo con Fuerza Popular?

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó sobre el inicio de un proceso disciplinario interno relacionado con el uso de una cámara del Congreso durante el lanzamiento de la precandidatura de Keiko Fujimori en Trujillo. Rospigliosi afirmó que, aunque el trabajador parlamentario implicado ya presentó su renuncia, la investigación administrativa seguirá su curso hasta determinar posibles sanciones y eventuales responsabilidades adicionales.

“El trabajador del Congreso que fue descubierto en esa situación inmediatamente ha sido sometido a un proceso disciplinario y a una investigación del Consejo Administrativo respectivo. Él ha renunciado, pero eso no implica que no vaya a ser objeto de las sanciones correspondientes”, sostuvo en diálogo a la prensa.

La polémica surgió después de que Sol TV difundiera imágenes del “Gran Encuentro Fujimorista” donde se identificó una cámara con código de inventario del Parlamento grabando el acto partidario. El registro del equipo, según el propio inventario del Congreso, corresponde al año 2024 y está catalogado como bien institucional, cuyo uso está restringido a actividades parlamentarias según normativas internas del Legislativo.

La persona señalada como responsable del uso indebido de la cámara fue identificada como Daniel Luza Amesquita, técnico que laboraba hasta el 31 de octubre en la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, entidad bajo la órbita de la Primera Vicepresidencia, actualmente liderada por Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.

Según documentos de transparencia consultados por El Comercio, Luza percibía un salario de S/5.166 mensuales y viajó a Trujillo acompañado de Marco Pacheco, asesor de la legisladora Rosangella Barbarán, quien ha colaborado en la difusión de la imagen digital de Keiko Fujimori.

Fuentes cercanas al área administrativa citadas por el mismo medio señalaron que la Oficina de Participación Ciudadana opera en principio de forma independiente, aunque desde septiembre de 2025 está dirigida por Edwin Lévano Gamarra, militante inscrito de Fuerza Popular y personero legal de la agrupación política, lo que refuerza los cuestionamientos sobre el nivel de coordinación detrás del operativo audiovisual.

Pero eso no es todo. De acuerdo a información publicada por el periodista Carlos Viguria, Luza registra vínculos adicionales con Fuerza Popular, incluyendo una aportación de S/150 a la agrupación en marzo de 2023, dato respaldado por documentos oficiales. Además, la revista “Voces Naranjas”, dirigida por el excongresista Diethell Columbus y dedicada a la difusión de actividades partidarias del fujimorismo, acreditó a Luza en funciones de videografía, según el medio digital Epicentro.

Hasta el momento, representantes de Fuerza Popular rechazaron la existencia de una orden superior para trasladar la cámara, entre ellos la congresista Patricia Juárez, quien consideró que el extrabajador actuó por “iniciativa propia” y sostuvo que “no se le ocurriría que alguno de los jefes de esta persona le hubiera dado la orden”.

A ella se suma el legislador Ernesto Bustamante, quien defendió que el partido no usó la cámara, sino el hombre, pese a que haya sido para grabar precisamente el mitin naranja. “Fuerza Popular no lo pidió”, insistió. Al respecto, el vocero fujimorista Arturo Alegría destacó la “rápida reacción” de la institución y señaló que será la indagación administrativa la que defina el alcance de las responsabilidades.

Pese a estos deslindes públicos, voces opositoras en el Parlamento, como la congresista Ruth Luque, cuestionaron que se atribuya la totalidad de la responsabilidad al trabajador, señalando el acceso controlado y supervisado a los equipos audiovisuales del Congreso.

“He solicitado que el Congreso me brinde el informe en donde supuestamente establece la responsabilidad del servidor que ya habría renunciado, así como su cargo y dependencia, para esclarecer quienes se encuentran involucrados. Hay que recordar que el cumplimiento de las normas y la supervisión laboral de los servidores se encuentra a cargo de sus jefes inmediatos”, escribió en su cuenta de X.