REINFO: remediar los pasivos de la minería informal le costaría al Perú la tercera parte de sus reservas internacionales

El ingeniero Raúl Benavides, director de la Compañía de Minas Buenaventura, alertó que el Estado peruano podría enfrentar un costo superior a los US$25.000 millones si asume la remediación de más de 50.000 pasivos ambientales mineros (PAMs) vinculados a inscripciones vencidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El especialista realizó esta advertencia en el marco de su presentación sobre “Pasivos ambientales y cierre de minas: Retos y oportunidades”, durante el evento Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

De acuerdo con cifras del Anuario Minero 2024 del Ministerio de Energía y Minas, existen 6.001 PAMs identificados a nivel nacional. De estos, 3.346 no se encuentran gestionados por ninguna entidad.

Benavides hizo hincapié en que, dentro de este universo, hay 238 pasivos considerados de riesgo alto y muy alto, lo que demanda una intervención prioritaria. Estos pasivos representan una amenaza directa para la salud pública, el ambiente y la sociedad, por lo que deben concentrar la atención de las autoridades y el sector privado.

El director de Buenaventura explicó que la remediación ambiental tras la actividad minera implica una inversión promedio de US$500.000 por cada pasivo, señalando la gravedad del problema no solo por su magnitud, sino por las implicancias financieras y sociales. “El costo superaría los US$25.000 millones, una cifra equivalente a casi el 30% de las reservas internacionales del país”, afirmó.

El proceso de cierre de minas es otra preocupación destacada por el especialista. Expuso que este procedimiento busca garantizar la estabilidad física, química, hidrogeológica, biológica y social de los terrenos intervenidos, evitando impactos residuales y promoviendo la recuperación para nuevos usos productivos.

Sin embargo, cuestionó la lentitud burocrática en el proceso, ya que solo siete minas han obtenido la certificación de cierre final desde la promulgación de las normativas sobre PAMs y cierre de minas, hace más de dos décadas. Los responsables de la remediación continúan a cargo de estos pasivos por periodos que superan los veinte años.

Benavides instó a agilizar estos procedimientos y optimizar los recursos estatales, orientándolos hacia proyectos de rehabilitación ambiental que generen un mayor beneficio social y ambiental.

En cuanto al proceso de formalización minera, el Reinfo, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 según el Decreto Supremo N° 012-2025-EM, enfrenta un escenario de incertidumbre. El Congreso de la República debatió recientemente la posibilidad de extender este plazo hasta 2026 y restituir el registro de más de 50.000 mineros, pero la iniciativa fue rechazada.

La semana pasada, la Comisión de Energía y Minas optó por convocar a una mesa técnica integrada por el Ministerio de Energía y Minas, el Colegio de Ingenieros y gremios mineros, con el objetivo de reiniciar el debate sobre la formalización, manteniéndose la fecha límite para el Reinfo.

Las posiciones en el Congreso continúan divididas: un sector aboga por nuevas prórrogas que llegarían hasta 2028 o incluso más, argumentando que este tiempo permitiría conclusiones efectivas del proceso de formalización. Por otro lado, varios legisladores sostienen que las extensiones perpetúan la informalidad y agravan los problemas ambientales, proponiendo la necesidad de una nueva legislación orientada a una formalización sostenible y a la responsabilidad ambiental.